Salvador Blanco representa al Gobierno en la fundación a la que firmó su último contrato
El exconsejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco es el vocal propuesto por esta empresa pública para representar al Gobierno de Cantabria en la Fundación Innovación y Desarrollo.
Es una fundación de la que forman parte el Gobierno de Cantabria, la Universidad Europea del Atlántico, la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y la Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN).
Del patronato de esta fundación, según información del Boletín Oficial de Cantabria consultada por EL FARADIO y adelantada por EUROPA PRESS, forman parte, entre otros cargos, Salvador Blanco, como vocal, designado por SODERCAN, en un dato que ha trascendido ahora pese a que forma parte de la definición de esta entidad.
También están Manuel Ángel Castañeda –presidente del Ateneo y director durante décadas de EL DIARIO MONTAÑÉS-, designado por la Fundación Universidad Europea del Atlántico, y Juan Carlos Gutiérrez Díaz-Velarde, que ha sido designado por la Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria) y que es el secretario de esta fundación. Es un empresario al frente de la sociedad ROMA y otras ligadas a ellas, que ya ha coincidido con Salvador Blanco en otros momentos.
Innovación y Desarrollo es la fundación beneficiaria del último contrato firmado por Salvador Blanco antes de abandonar SODERCAN tras meses de exigencias del nuevo PSOE de Pablo Zuloaga y de Podemos sobre un cargo que venía siendo cuestionado por el Parlamento, los tribunales, el Tribunal de Cuentas o el Interventor.
En concreto, el contrato ascendía a 75.000 euros, se adjudicó sin posibilidad de que participaran otras empresas y se hizo dos días antes de su cese, con el objetivo de financiar la actividad de esta fundación que tiene entre sus objetivos canalizar fondos económicos a proyectos de emprendedores.
Del patronato de esta fundación ya no forma parte, según la documentación facilitada al Gobierno, Ángel Agudo, expresidente del PSOE y exconsejero de Economía y Hacienda, departamento en el que Salvador Blanco fue director general antes de que se le encumbrara a SODERCAN, y en una consejería en la que, por cierto, también tuvo (y tiene ahora también) responsabilidades la hermana de Gutiérrez Díaz-Velarde, compañero ahora de Blanco en el patronato.
ROMA
Como empresario al frente de sociedades como ROMA, PISA o SIENA (acrónimos de ciudades italianas), Juan Carlos Gutiérrez Díaz-Velarde fue el responsable de un informe sobre el desarrollo eólico realizado en la anterior etapa de Gobierno PSOE-PRC (en la época de Agudo en Economía y Blanco en SODERCAN) al que se invitó a hacer a tres empresas de las que en realidad dos eran del mismo grupo de Gutiérrez Díaz-Velarde, y que acabó teniendo un sobrecoste.
Una de las sociedades de Gutiérrez Díaz-Velarde estuvo participada por SODERCAN, de forma que Blanco y este empresario llegaron a ser compañeros de Consejo.
ROMA también ha realizado trabajos para varios edificios en el PCTCAN, como el CTC (Centro Tecnológico de Componentes) o el Instituto de Hidráulica.
Además, ha sido adjudicataria de la gestión técnica del proyecto de recuperación técnica del Seminario Mayor, por un importe de 58.550 euros, en una adjudicación realizada por la SAICC, la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, cuyo presidente era el mismo de SODERCAN, Salvador Blanco.
Y más allá de áreas que dependen directamente de Salvador Blanco, esta sociedad de servicios ligadas a la ingeniería también se encargó de elaborar, ya esta legislatura, un informe de seguimiento sobre las finalización y la ampliación de las obras del Hospital Universitario ‘Marqués de Valdecilla’. Uno de los administradores de ROMA, Carlos Gracia Membrado, lo ha sido también de sociedades de grupo Ferrovial, responsable del megacontrato del hospital por el que esta constructora gestiona los servicios no sanitarios a cambio de finalizar las obras y un importe de 900 millones de euros, de modo que la empresa que hizo el seguimiento de las obras tenía relación con la empresa que las hizo.
LAS ÚLTIMAS DECISIONES DE BLANCO
La adjudicación de la SODERCAN de Salvador Blanco a esta fundación que tiene entre sus miembros a Ángel Agudo, Víctor Gijón y Juan Carlos Gutiérrez Díaz-Velarde se sumó a otro de los últimos encargos, un estudio al grupo de la Universidad de Cantabria y la Fundación Alternativas del que forma parte Ángel Agudo: 17.500 euros, sin concurrencia de otras empresas por la cifra, por un informe que apostaba por reforzar a la propia SODERCAN y que en las primeras páginas admitía que no realizaba ninguna aportación nueva a la sucesión de informes que ya existen sobre la situación económica de Cantabria.
Entre las últimas decisiones de SODERCAN también estuvo su nombramiento como representante del Gobierno en la empresa privada SIDENOR, de la que el Ejecutivo tiene acciones al haber inyectado 15 millones de euros.
La relación financiera del Ejecutivo con SIDENOR, iniciada precisamente bajo la gestión de Blanco, se ampliará hasta 2021, es decir, hasta la próxima legislatura.
SU GESTIÓN EN SODERCAN
El ya cesado Interventor del Gobierno describió en un informe prácticas de Salvador Blanco al frente de SODERCAN, como que hubo empresas que conocían con antelación los proyectos que se iban a adjudicar, que se pagó por informes de asesoría que no constan documentalmente o el fraccionamiento de proyectos en distintas fases para evitar tener que sacarlos a concurso, entre otras,
VICTOR GIJÓN TAMBIÉN TIENE RELACIÓN CON ESA FUNDACIÓN
Cerrando el círculo, Victor Gijón ha realizado trabajos de protocolo y asesoría para esta Fundación en la que son miembros del patronato Castañeda, Salvador Blanco o Gutiérrez Díaz-Velarde (ROMA), si bien cuando trascendió declaró a eldiario.es que no percibía remuneración por ello.
Víctor Gijón abandonó ese cargo tras conocerse una sentencia en la que se le inhabilitaba para la gestión de empresas como consecuencia de su etapa al frente de Grupo Digital 2006, un conglomerado mediático que llegó a sumar periódico, radio, televisión e Internet.
Y que pese a las adjudicaciones publicitarias recibidas desde el Gobierno PSOE-PRC por valor superior a los 500.000 euros –sólo en la segunda legislatura–, acabó en concurso de acreedores y cerrando, teniendo sus trabajadores que cobrar del FOGASA (el Fondo de Garantía Salarial, que paga a trabajadores cuando las empresas no lo hacen).