||por Fernando Gutiérrez Gómez, de Amnistía Internacional Cantabria||

Este 20 de abril cumplió seis años el Real Decreto Ley 16/2012 sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario que, entre otras medidas “de austeridad”, quitó la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Y este triste aniversario de una discriminación aún no corregida viene a coincidir con el reciente dictamen de este 29 de marzo sobre el examen de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).

El decreto pone trabas a la atención sanitaria universal

La lectura cuidadosa del documento de observaciones finales de este Comité deja una imagen que debiera avergonzar a nuestro Gobierno central.

Así, en su observación número 42 nos dice “el Comité insta al Estado parte que lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud a fin de llevar a cabo los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto.»

Usted que me lee se preguntará cómo es posible tal disparidad entre nuestras obligaciones de derecho internacional y la práctica interna que mantiene a unos ciudadanos como de segunda clase, a los que se les niega un derecho tan básico como el que te vea el médico de familia. La misma contradicción la enfrentan los responsables sanitarios autonómicos (también del PP) cuando se ven obligados a establecer medidas complementarias en su ámbito regional para corregir tal injusticia (también para proteger la salud pública).

Sin embargo, en un ejercicio autoritario difícil de entender, el Ministerio de Sanidad ha ido recurriendo la legalidad de estas normas complementarias cuando eran aprobadas en autonomías no gobernadas por el PP. Y, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias con votos discrepantes, le ha ido dando la razón al Ministerio, sin prestar la debida atención a las obligaciones que nos impone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Tribunal Constitucional da por buena la potestad del Gobierno central para reducir la atención sanitaria a los migrantes en situación irregular. No es este el momento ni el lugar de hablar sobre el sistema de elección de los magistrados de este alto tribunal, pero algún día tendrá que dar marcha atrás en este asunto y obedecer el mandato del Comité DESC de Naciones Unidas.

De otros aspectos de la reforma sanitaria que han ido significando un deterioro de la calidad de la asistencia, tales como el aumento del copago farmacéutico, los numerosos medicamentos para males «menores» que fueron excluidos del catálogo cubierto, el aumento de las listas de espera, la mayor carga de trabajo sobre el personal sanitario, la asistencia a la salud mental, etc., se ha ocupado un estudio de investigadores de Amnistía Internacional llevado a cabo en Andalucía y Galicia y presentado el pasado día 24 que se titula «La receta equivocada». Su extensión y complejidad impiden reflejar aquí unas conclusiones que seguramente merecen otro artículo de opinión como este. Mientras, está disponible en Internet para los lectores más interesados.

En cuanto a nuestra comunidad, el Gobierno autonómico bipartito mantiene con precariedad una norma que viene a salvar la discriminación impuesta desde el gobierno central y que garantiza la atención a todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de cobertura sanitaria reconocida. Para que esto no se tuerza y para que, finalmente, el Gobierno central modifique el denostado Real Decreto-Ley, sigue siendo imprescindible el apoyo de todos los agentes sociales.

Entre estos agentes, conviene señalar a una ONG local, la Plataforma «Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria», que viene denunciando el retroceso en el derecho a la salud que supuso dicha norma, que acompaña a inmigrantes en situación irregular para facilitarles el acceso a un sistema sanitario que puede resultar dificultoso por la diversidad de las distintas situaciones personales y de origen de estas personas y que colabora con la autoridad sanitaria en el seguimiento periódico de la aplicación de la norma autonómica antes mencionada (la Orden SAN 38/2015).