Este jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición No de Ley sobre el Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo que ha presentado Unidos Podemos.

La propuesta insta a dotar con 250 millones de euros en cuatro años a dos de los territorios más castigados por la crisis económica. Los votos favorables del Partido Socialista y la abstención de Ciudadanos han propiciado la aprobación pese al voto en contra del Partido Popular.

Sniace, principal símbolo de la crisis en Torrelavega y comarca del Besaya.

La diputada de Unidos Podemos, Rosana Alonso, que ha defendido el Plan en la Comisión de Economía, Industria y  Competitividad del Congreso de los Diputados, ha destacado la relevancia de esta propuesta para el futuro económico Cantabria, ya que las comarcas a las que va destinada el plan concentran  el 20% de la población cántabra.

Según ha señalado Alonso en su comparecencia “las comarcas que fueron motores económicos industriales en Cantabria se definen ahora por su desempleo, cierres empresariales, pobreza y emigración. Es evidente que esta situación requiere una respuesta política  de urgencia”.

El Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo está basado en un plan inversor que lleve al desarrollo de un nuevo sector industrial sostenible, productivo y competitivo a nivel internacional.

Para ello es vital implementar la financiación necesaria para desarrollar,  que incluye la dotación de 250 millones de euros para estos territoriores en un horizonte plurianual de cuatro años, equivalente a una legislatura, con un calendario de inversiones en el que el primer año se desembolsaran 100 millones de euros, el segundo año 75 millones, el tercer año 50 millones y el cuarto año 25 millones de euros, con un reparto geográfico de 225 millones de euros para la Comarca del Besaya y 25 millones de euros destinados a la comarca de Campoo.

Las principales vías de actuación y el desglose finalista de los gastos del Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo se resumen en siete ejes.

• Ayudas para incrementar la eficiencia energética, la reducción de emisiones y residuos procedentes del proceso productivo. 30 millones de euros.
• Ayudas para la búsqueda de nuevos mercados, internacionalización de las empresas, aprovechamiento de cadenas globales de valor y fomento de las exportaciones de bienes y servicios. 5 millones de euros.
• Ayudas para la modernización de industrias en riesgo de deslocalización para la adquisición de maquinaria, patentes o transformación de procesos productivos que permitan incrementar la productividad y competitividad. 30 millones de euros.
• Incentivos para la atracción de nuevas empresas, inversión extranjera directa y participación en sociedades mixtas: 50 millones de euros.
• Desarrollo de nuevo suelo industrial y readaptación del ya existente: 20 millones de euros.
• Mejora de las infraestructuras de transportes para reducir el coste del transporte de mercancías y evitar colapsos circulatorios motivados por la nueva actividad económica. 100 millones de euros.
• Ayudas para la atracción del talento emigrado de España, mejora del capital humano y la formación continua de los trabajadores. 15 millones de euros.

EL PARLAMENTO DE CANTABRIA HA PEDIDO FONDOS

Este mismo lunes, Podemos ha conseguido sacar adelante una propuesta similar en el Parlamento de Cantabria, gracias al voto de la mayoría de los partidos y la abstención de los populares cántabros, que calificaron la propuesta de “poco seria”.

La propuesta, que incluye un reparto geográfico de la cuantía total de 225 millones para la comarca del Besaya y de 25 millones de euros destinados a la comarca de Campoo, es para el PP insuficiente porque en Cantabria “no hay un plan regional para reindustrializar Besaya y Campoo”.

Así lo denunció El exalcalde de Torrelavega, el popular Idelfonso Calderón, que pedía apoyo para medidas como el PSIR de Las Excavadas o del soterramiento de las vías y criticó que “una autonomía que recorta ayudas todos los años tiene muy poca autoridad para pedir a otras administraciones que gasten en lo que ella recorta”.