La mayoría de los partidos representados en el Parlamento de Cantabria, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, han anunciado su voto a favor de elevar las conclusiones de la Comisión de Investigación del proyecto Ecomasa – Nestor Martin, que se han publicado este miércoles, a la Fiscalía de Cantabria.

El objetivo es que el Ministerio Público pueda dirimir si hubo responsabilidad judicial por parte de la Administración pública en el proyecto, mediante el cual el Gobierno de la anterior legislatura, presidido por el popular Ignacio Diego, inyectó 18 millones de euros de fondos públicos a la fábrica de estufas que se ubicó en Maliaño.

Miembros de la Comisión de Investigación de Ecomasa en el Parlamento de Cantabria. FOTO: Podemos Cantabria.

La fábrica era un proyecto de los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León, en el cual el Ejecutivo de Diego puso sus esperanzas de colocar a la mayoría de los trabajadores despedidos en un ERE de la empresa TEKA.

Además de los 18 millones de euros, los trabajadores recolocados pusieron más de 3 millones de euros que correspondían a las indemnizaciones de despido que les correspondían, y que según se ha concluido en la Comisión los empleados ni siquiera llegaron a tocar.

Posteriormente, según ha comprobado la investigación, este dinero fue a parar a un entramado de empresas que Lavín y de León tenían establecido, y no a financiar el proyecto de Ecomasa.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La mayoría de los partidos han acordado que se puede extraer responsabilidad política a los máximo dirigentes del Gobierno de aquella época, desde Diego, hasta Eduardo Arasti (entonces consejero de Industria), Cristina Mazas (otrora consejera de Economía, Hacienda y Empleo y presidenta del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y, especialmente, Jorge Gómez de Cos, entonces gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

A éste último han señalado los cuatro partidos como un agente necesario para que el Ejecutivo aprobara un plan de apoyo económico donde, según ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, “hubo insuficiente evaluación de este proyecto por parte del ICAF”.

Todos coinciden en que no había informes de impacto económico, de mercado o de demanda, más que un informe elaborado ad hoc a cargo del Gobierno de Diego. “Perdieron el dinero en un entramado empresarial”, ha concluido la portavoz socialista, Silvia Abascal, que pide que la Fiscalía se haga cargo para dirimir dónde fueron a parar “esos 12 millones que no se sabe dónde están”.

Asimismo, destacan que Jesús Lavín y Andrés de León “aprovecharon” el interés del Gobierno de acabar pronto con la crisis social del ERE de TEKA, al punto de que el Ejecutivo “no revisó mínimamente” el proyecto, así como que ambos empresarios “no quisieron responder ni colaborar” en la Comisión de Investigación.

PODEMOS PIDE QUE SE DECLARE A LOS TRABAJADORES COMO “VÍCTIMAS”

En un voto que no ha sido compartido con los demás partidos, Podemos, que también ha criticado al Gobierno PRC-PSOE por “terminar el fiasco” y al ex delegado de Sodercan, Salvador Blanco, de amenazar a los trabajadores con “tirar a la basura  sus currículums” si seguían culpando judicialmente a la empresa pública del cierre de la empresa, ha pedido que se declare a los trabajadores como “víctimas” y “afectados” del “mal funcionamiento” de la Administración pública.

“Creo más que necesario que si el dictamen final no reconoce a los trabajadores como víctimas y afectados de gestión de la Administración esta comisión no habrá valido de nada”, se ha lamentado el portavoz de Podemos, José Ramón Blanco.

Tanto Ciudadanos como PSOE y PRC no han admitido este punto “al estar abierta una vía judicial” y creyendo que “es este estamento judicial el que tiene que evaluar si hay responsabilidad por los gestores de la empresa y deben hacerse cargo ellos o quien de la indemnización de los trabajadores”.

EL VOTO PARTICULAR DEL PP

El PP ha emitido un voto particular contra el envío del caso a la Fiscalía al ya estar judicializado. FOTO: PP Cantabria.

El Partido Popular ha mostrado su deseo de formular un voto particular a estas conclusiones, que además piden que sea público en el Parlamento.

Lo hacen porque consideran que al querer elevar las conclusiones a la Fiscalía los partidos puedan “pretenden suplantar al proceso judicial con esta Comisión”, según ha manifestado su portavoz, Eduardo Van den Eynde.

Van den Eynde cree que a los partidos del Gobierno “les ha salido el tiro por la culata” con esta Comisión que está “mezclando análisis de la gestión financiera del proyecto privado con las responsabilidades políticas”. “Hay que dirimir si ha habido actitudes ilícitas o irregulares por parte de la Administración”, ha matizado el portavoz, que insiste en que “ha habido fallos y muy gordos” pero insiste en que ha «quedado probado» que “no ha habido interferencias por parte de la administración pública” en la concesión del crédito a esta empresa.

LA CÚPULA DE SANIDAD COMPARECE POR LAS DENUNCIAS EN EL SCS

Tras más de dos años de Comisión, esta sesión ha supuesto el cierre de la investigación sobre la responsabilidad política en el proyecto fallido de Ecomasa. Las conclusiones se votarán finalmente en el pleno el próximo 28 de mayo.

Pero se abre otro frente en el Parlamento de Cantabria, ya que los próximos 23 y 25 de mayo la cúpula de la Consejería de Sanidad comparecerá en la Cámara para dar explicaciones sobre las denuncias en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) sobre posibles irregularidades.

Lo harán en la Comisión de Sanidad, primero el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil; y el subdirector de Gestión Económica, Javier González y dos días después la propia consejera de Sanidad, Luisa Real, lo hará dos días más tarde, el viernes 25.

Esta última comparecencia ha sido solicitada por Ciudadanos, al tiempo que las otras dos las ha pedido Podemos.

Todo deriva de la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, que ha indicado presuntas irregularidades en algunos contratos, «adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento» de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; y la contratación de asistencias técnicas «injustificadas, inexistentes o ficticias”.

El caso ha sido llevado ante la Fiscalía, primero por Izquierda Unida y posteriormente por el Partido Popular en una denuncia separada.