El día en que el Parlamento de Cantabria finiquitará el resultado de la última Comisión de Investigación, creada la pasada legislatura para fiscalizar la frustrada intervención pública en Ecomasa por el Gobierno de Ignacio Diego, parece más cercana la siguiente.

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha anunciado que su formación naranja  solicitará la creación de una comisión de investigación «para depurar las responsabilidades políticas» que se deriven de la denuncia trasladada por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en relación a presuntas irregularidades en la gestión de los contratos de este organismo con empresas vinculadas entre sí –y con la presencia del hijo del alcalde socialista de Suances-, a través de contratos menores o de consultaría, y que incluyen pagos por servicios u obras aún no realizadas.

Félix Ávarez y Rubén Gómez (Ciudadanos) en rueda de prensa

Álvarez, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz parlamentario de Cs Cantabria, Rubén Gómez, ha matizado que esta iniciativa viene dada porque «no nos han convencido» las explicaciones dadas por la consejera de Sanidad, María Luisa Real el pasado viernes en la Comisión de Sanidad, en la que admitió irregularidades pero minimizó su impacto.

El portavoz autonómico ha subrayado que Cs Cantabria tiene «serias dudas de lo que ha ocurrido, que es de una gravedad extrema». «Se trata de saber la verdad, nada más», ha enfatizado Félix Álvarez, que ha recordado a la titular de Sanidad del Gobierno de Cantabria que «es la primera responsable y no ha aclarado nada».

Álvarez ha llamado la atención sobre el hecho de que la propuesta de Ciudadanos no busca «en ningún caso abrir una causa general contra el SCS» ni «poner en cuestión el sistema sanitario» de la comunidad autónoma, sino «intentar aclarar» la gestión de la Consejería de Sanidad en este asunto. Félix Álvarez también ha subrayado que, pese a lo que diga Real, el correo electrónico remitido por la funcionaria «no es una queja, sino una denuncia en toda regla».

Al respecto, ha apuntado que quedan muchas cuestiones por esclarecer, como si es cierto que en la mesa de valoración para la contratación de suministros de reactivos de laboratorio «desapareció un informe técnico firmado por un funcionario que proponía la adjudicación a una empresa, y apareció otro que no estaba firmado», así como la compra de 22 ecógrafos «de manera individual».

Por último, Rubén Gómez ha indicado que la comisión de investigación sobre esta denuncia «debe tener una fecha de inicio y de final», que no vaya más allá del próximo mes de noviembre y «a poder ser, con comparecencias cerradas». «Aquí no valen las excusas para ir alargándolo», ha recalcado Gómez, puesto que «hablamos de un presunto caso de corrupción en la Administración».

En principio, con un segundo partido que solicitara la Comisión de Investigación (Podemos ya ha mostrado su interés, y el PP es el partido parlamentario que está haciendo más sangre con este asunto) esta saldría adelante, si bien tendría que definirse exactamente cuál es su alcance temporal, toda vez que el PSOE ha empezado a solicitar información de la contratación en Sanidad en la época del PP y Podemos ha llamado la atención sobre esa etapa también. Además, nunca se llegó a tramitar la comisión sobre el contrato de Valdecilla, que la formación morada ha apuntado que podría llevar a la Fiscalía.