El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el informe previo interno realizado por técnicos de la Consejería de Sanidad sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud, en el que no detecta ningún ilícito penal, aunque sí aparecen incidencias contractuales.

El consejo de Gobierno

El Ejecutivo ha decidido remitir este documento a la Asesoría Jurídica y a la Intervención General.

Lo que se dirime, y que ha causado ya dos dimisiones en el SCS, es una serie de contratos menores a empresas relacionadas entre sí, una de ellas con un cargo que es hijo del alcalde socialista de Suances, y con pagos por servicios que aún no se habían realizado.

Además, la consejera de Sanidad, Luisa del Real, lo presentará en el Parlamento durante su comparecencia ante la Comisión que ha solicitado esta misma semana y que espera pueda producirse el próximo lunes.

Asimismo y ante de las denuncias realizadas, ha acordado poner el documento a disposición de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma (donde se gestionan dos denuncias, presentadas por IU y PP), si así lo requiere en el transcurso del proceso.

La oposición de PP y Podemos ha solicitado la dimisión de Real, a lo que esta se ha negado, mientras el asunto, además de a la Fiscalía, parece ir encaminado a una Comisión de Investigación en la que insiste Ciudadanos.

Desde el PSOE, su secretario general y candidato a las elecciones, Pablo Zuloaga, opina que las acusaciones del PP se deben en realidad a una reacción a la actitud de la Consejería de Sanidad contra los incumplimientos de Ferrovial en el megacontrato de Valdecilla, además de incidir en que Buruaga mantiene en su equipo a César Pascual, imputado por adjudicar desde la comunidad de Madrid a esta misma constructora.

BURUAGA ACUSA AL GOBIERNO DE “SECUESTRAR EL INFORME”

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acusado al Gobierno de “secuestrar” el informe sobre las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud para poder vender unas conclusiones a la carta.

Buruaga considera “escandaloso” que, tras analizar el informe sobre las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, el presidente y los consejeros se “han despachado” diciendo que no hay ningún ilícito penal e inmediatamente después lo “han secuestrado y ocultado porque no quieren que los ciudadanos y sus legítimos representantes saquen sus propias conclusiones y tratan de imponer las suyas”.

Por ello, Buruaga también ha exigido al Gobierno que remita de inmediato el informe a la Fiscalía para que lo incorpore a las diligencias de investigación abiertas porque son los jueces los que tienen que decir si hay o no ilícito penal y no el presidente y sus consejeros, y también al Parlamento de Cantabria.

Según ha explicado la presidenta del PP, ningún miembro del Gobierno ni de los partidos que lo sostienen puede continuar diciendo que no hay irregularidades o, “lo que es peor, diciendo como ha dicho el presidente que hay irregularidades, pero que tienen una explicación, porque las hay y ya han provocado dos dimisiones de altos cargos”.

“Dijo que había novela y no la hay, exculpó a la cúpula de sanidad que después se vio obligada a dimitir y ahora se empeña en mantener a una consejera inhabilitada para dirigir la sanidad pública”, ha dicho Buruaga, quien ha avisado de que con su actitud, lo único que está haciendo el presidente es agravar las sospechas en lugar de atajar el problema de raíz.