El pleno del Parlamento de Cantabria, con la aprobación de 21 diputados del PSOE, PRC, Podemos, Ciudadanos y del tránsfuga Juan Ramón Carrancio y la abstención del PP, ha propuesto que se encargue a la Intervención General una auditoría sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que abarque desde el año 2011.

La iniciativa del PSOE llega dos semanas después de que el PP aprobara una moción para auditar los contratos realizados en esta legislatura y que los socialistas propusieron ampliar hasta el año 2012, fecha en la que se puso en marcha la Ley de Contratos del Sector Público.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, comparece ante la comisión correspondiente de la Cámara para informar sobre la contratación administrativas y gestión de infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud.

El Partido Socialista ha aceptado una enmienda de Podemos para que esta auditoría se ampliara un año más, a 2011, fecha en la que comenzó la legislatura del PP en el Gobierno, con Ignacio Diego a la cabeza.

En estas dos semanas que han pasado entre ambas propuestas se ha publicado un informe realizado por técnicos de la Consejería de Sanidad en el que en el que no señalan ningún ilícito penal pero sí aparecen incidencias contractuales; y también se han producido las dimisiones de los principales responsables del SCS, el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, cuya dimisión también han pedido los grupos y que es respaldada por el presidente del Gobierno, comparecerá este miércoles ante el Parlamento para explicar este informe.

PODEMOS PIDE QUE SE LLEVE LOS CONTRATOS AUDITADOS A LA FISCALÍA

En la sesión del pleno, el portavoz socialista, Víctor Casal, recuerda que hace dos semanas el PP se negó a ampliar el plazo de la auditoría “alegando que los contratos de antes de 2015 ya estaban auditados”, y ha recordado que los posteriores también tienen informes de Intervención.

Asegura que el objetivo es “arrojar más luz” sobre la gestión del SCS, pero “sin buscar culpables de antemano”. También ha defendido que el informe ha probado que “no hay ilegalidad ni casos de corrupción”, aunque sí admite “irregularidades en algunos contratos”.

Por ello insiste en que los socialistas no quieren “una auditoría parcial y sesgada del PP”, con el objetivo de “construir una versión falaz de los hechos con el único interés de crear dudas sobre la gestión del SCS”.

Desde Podemos reclaman que se ponga en conocimiento de la Fiscalía todos los contratos que se analicen y señala de forma “especial” el público-privado del hospital Marqués de Valdecilla, suscrito por el PP en la pasada legislatura, ya que considera que hay “sospechas fundadas” de que hay irregularidades en un contrato que fue promovido por el entonces gerente de Valdecilla, César Pascual, que recientemente ha sido cesado como director general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria en la Comunidad de Madrid, donde está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación del servicio de ambulancias de la Comunidad.

Por su parte, el portavoz popular, Iñigo Fernández, ha asegurado que no tienen inconveniente “de ir hasta el principio de los tiempos, si es necesario”, pero quiere recalcar que “no hablamos de lo mismo” porque en este caso “hay denuncias y sospechas”, y que esta táctica es “una maniobra más” para que la consejera de Sanidad trate de “esconder lo que tenía en casa”.

Sobre esto, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha vuelto a pedir la dimisión de María Luisa Real, ya que insiste en que “si este tema no hubiera salido a los medios la consejera habría seguido guardando las denuncias en un cajón como hizo durante dos meses”.

EL PRC RECUERDA QUE “ESTO NO ES LA GURTEL”

Desde el Partido Regionalista, su portavoz, Rosa Valdés, ha acusado al PP de no querer que se investigue su gestión entre 2011 y 2015 porque que “llevaría a las mismas irregularidades, que no ilegalidades” que “están ustedes denunciando”.

“Aquí no hay corrupción”, ha reclamado Valdés, que insiste en que se trata de “una mala gestión pública que hay que corregir” pero “esto no es la Gurtel”.