El nuevo presidente del Racing de Santander, el empresario Alfredo Pérez, ha inaugurado el cargo entre protestas de sus trabajadores y sindicatos por incumplimientos laborales, como la concentración que se llevó a cabo este martes en los Campos de Sport de El Sardinero.

Cuando este miércoles, 6 de junio, ha comparecido ante los medios para hablar de su proyecto al frente del Racing, a la misma hora, la silla que le correspondía a una de sus empresas, AON Mobile, quedaba vacía en el Organismo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla).

Nuevo Consejo de Administración del Racing de Santander, con Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, máximos accionistas a través del Grupo PITMA, presidente y vicepresidente respectivamente.

Tanto AON Mobile como otra de las empresas del Grupo PITMA, Phone and Fun, habían sido citadas en un acto de conciliación ante la demanda por conflicto colectivo presentada por Comisiones Obreras de Cantabria, por incumplimiento del convenio.

CCOO ha presentado una demanda en la que señala tres incumplimientos en concreto: los incrementos salariales, que según el convenio de empresa debe ser acorde al aumento del IPC; las vacaciones, que sólo eran de 22 días cuando por el convenio de Contact Centers debe ser de 32 días y los permisos retribuidos.

Las empresas del Grupo PITMA se rigen por un convenio interno, que los sindicatos califican de “pobre”, y no por un convenio regulado por el sector de teleoperadoras.

“SE COMPORTA COMO SI LA NORMATIVA LABORAL NO SE APLICARA EN SU FEUDO”

Ante la incomparecencia del representante de PITMA en el caso de AON Mobile. La secretaria general de la Federación de Servicios de CC.OO. ya ha anunciado que el sindicato interpondrá una demanda al Juzgado de lo Social en reclamación de los derechos de la platilla.

En el otro caso, el de Phone and Fun, sí llegó una representante legal de la empresa que concilió en materia de vacaciones y de permisos retribuidos pero se negó a negociar los aumentos salariales.

Esta empresa, que está ubicada en Adarzo, Peñacastillo y Torrelavega, fue testigo la pasada semana de una serie de caceroladas convocadas por UGT para denunciar la situación interna que creen que «devalúan» los empleos en el sector.

Careaga ha calificado de “miserable” la postura de la empresa respecto a los incrementos salariales ya que “se han cerrado en banda con el argumento de que no hubo incremento del  IPC en los ejercicios reclamados, cuando la subida para 2016 y 2017 fue del 1,6 y del 1,1, respectivamente”.

“Alfredo Pérez se comporta como si la normativa laboral no se aplicara en su feudo y piensa que puede vulnerar los derechos de trabajadores y trabajadoras de sus empresas con impunidad”, ha criticado. Careaga a la salida de las oficinas del Orecla en Santander.

UNOS CONVENIOS INTERNOS MUY CRITICADOS

Protesta ante el campo del Racing

Tal y como recoge el convenio de empresa, con efectos al 1 de enero de 2014, los salarios recogidos en la tabla anexa se incrementarán en un porcentaje equivalente al IPC previsto para el  año 2014. Para el año 2015 y posteriores se procederá de la misma forma, aplicándose el IPC previsto para cada año. Nada de eso se ha hecho y los salarios de los empleados de AON Mobile y de Phone and Fun permanecen congelados.

El convenio de empresa que rige en estas dos compañías fue aprobado por unos comités de empresa que los sindicatos apuntan a que están dirigidos por la mismas empresas y compuestos por mandos medios de las mismas.

Fue precisamente el intento de CCOO de presentar una candidatura en 2012 en una de las empresas de Alfredo Pérez lo que provocó el primer despido masivo de trabajadores vinculados a CCOO.

En aquella ocasión fueron 13 los despedidos, y la segunda parte llegó en abril de 2018, cuando AON Mobile despidió en bloque a nueve trabajadoras que intentaban conformar una lista de CCOO para forzar unas elecciones sindicales pendientes desde 2017.

Es el caso de “Las 9 de AON” que será juzgado el 17 de julio después de otra mediación fallida en el Orecla en la que la empresa mantuvo su posición antisindical y contraria a los derechos fundamentales de las y los trabajadores.

Conoce mejor a Las 9 de Aon en este reportaje de Eva Mora

USO SE CONCENTRA CONTRA EL DETERIORO DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS

Este jueves, 7 de junio, tendrá lugar también una protesta en la entrada SUR del Hospital Valdecilla. Santander, convocada por la Sección Sindical USO Ambuibérica, que es responsable del servicio de ambulancias del Servicio Cántabro de Salud.

La concentración será a las 10.30 de la mañana, provocada por “la difícil situación del transporte público de enfermos en Cantabria”, y donde USO hará públicos los datos que “revelan el deterioro de la gestión de este servicio básico para la ciudadanía”.

Recientemente, miembros de la sección sindical de Ambuibérica, han advertido  de los “flagrantes” incumplimientos por parte de esta empresa de las normativas de seguridad, condiciones laborales y otros requisitos.

Lo han hecho en un escrito dirigido a la gerencia del Servicio Cántabro de Salud, en el que lamentan el “retroceso y empeoramiento de niveles incalculables en la atención prestada a los pacientes” y piden actuaciones “de urgencia”.

Así, se refieren a cuestiones como la distribución interna dentro de las ambulancias, las sujeciones (advierten del riesgo de las caídas en los traslados), sin medios alternativos en caso de avería, la falta de reposición del vestuario laboral –con la consiguiente ausencia de esterilización cada vez y el “riesgo biológico” tanto para usuarios como para los profesionales–, o la falta de un espacio para descanso cuando esté fuera de uso.

También hablan de la falta de instrumentos como termómetros internos, tensiómetros, cubos adecuados de residuos que garanticen la higiene, la falta de barras de sujeción, o el hecho de que los cierres de las corras son de plástico que, entienden, no garantiza la seguridad, o que el extintor de la zona asistencial es “inaccesible” desde el interior de la parte sanitaria, mientras que el de la zona no asistencial está “fuera de garantía”.

Asimismo, citan la falta de un asiento homologado para los técnicos ayudantes les impide a estos profesionales prestar asistencia, en lo que se había convertido en una característica positiva del servicio en los últimos años.

El pasado verano la empresa fue condenada, a instancias del sindicato USO, judicialmente a abonar a sus trabajadores el exceso de jornada del último año: más de 50.000 horas extras y un importe superior a los 800.000 euros que la empresa quería considerar tiempo “de presencia”.