Esta semana se han iniciado las rondas que ha comenzado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con una treintena de representantes de entidades de defensa del derecho a la asistencia sanitaria universal.

El objetivo es iniciar un diálogo para asegurar la devolución del derecho a la protección integral de la salud para todas las personas, buscando garantizar la igualdad efectiva de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La Plataforma Contra la Exclusión Sanitaria ha estado seis años luchando contra la exclusión de los ‘sin papeles’ de la sanidad.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón ha reunido este miércoles a una treintena de entidades que en los últimos seis años se han destacado en la lucha por la universalidad de la sanidad tras la aprobación, después del Real Decreto Ley 16/2012 que aprobó el Ministerio de Ana Mato, del Partido Popular.

“Salimos bastante esperanzados”, ha declarado en una entrevista en EL FARADIO, Adriana Villegas, de la Plataforma Ciudadana Contra la Exclusión Sanitaria.

Villegas ha relatado que esta primera toma de contactos ha servido para que el Ministerio explique el proceso que requiere reformar la ley, así como los apoyos con los que se tienen que contar.

“Desde el Ministerio se mantiene una actitud de diálogo y de contar con la sociedad civil que ha participado durante estos seis años en defender el derecho a la salud para reformar y publicar una norma que garantice la sanidad universal”, se ha congratulado Villegas, que ha puesto en valor la experiencia y conocimientos de la nueva ministra.

“Ella estuvo en Valencia, trabajando en esta reforma al igual que la orden que tenemos en Cantabria, que aplazaba un poco los defectos del Decreto de 2012”, ha recordado, apreciando que en la reunión “se notaba que sabía de lo que hablábamos, entendía nuestra reivindicaciones y va en la línea de estas”.

LA MINISTRA HA PEDIDO A LAS ASOCIACIONES QUE FORMEN PARTE DE TODO EL PROCESO

En la reunión de este miércoles han intervenido todas las entidades que han acudido. “Básicamente estamos todas de acuerdo y mantenemos el contacto”, ha explicado Villegas, que continúa formándose sobre los cambios que puede haber sobre la ley.

Carmen Montón les ha indicado que el secretario general de Sanidad se ha reunido ya con la Comisión Delegado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y está pendiente de iniciar contacto con las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios para garantizar apoyos.

“Se supone que una vez termine estas rondas, en unas seis semanas se puede terminar la tramitación, cuya idea es hacerlo como un Real Decreto”, ha informado Villegas, un plazo que ya habían puesto desde el Ministerio.

Las denuncias del riesgo que implica para la salud de las personas los recortes en sanidad se han sucedido durante años.

“Ella entiende que tendrá el apoyo parlamentario, para publicarlo y tener la reforma en unos dos meses y medio”, ha añadido Villegas. “Con independencia de que luego tenga que adoptar otra norma jurídica, pero que al menos esté ya en vigor”.

Actualmente, la plataforma espera los siguientes acontecimientos para decidir si se disuelven o continúan trabajando. “El Ministerio ha pedido apoyo a la sociedad civil, que participemos en el proceso de elaboración de la norma, así estaremos trabajando en ello”, ha adelantado, pendiente de que se formen grupos de trabajo hasta tener aprobada la reforma.

UN DECRETO PARA EXPULSAR A LOS INMIGRANTES AL QUE SE OPUSIERON COMUNIDADES COMO CANTABRIA

La exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que impuso el Ejecutivo del Partido Popular en 2012 dejaron, de golpe, a 800.000 personas sin el derecho a acudir a la sanidad pública.

Esto ha repercutido en la salud y la vida de miles de personas que viven en situación irregular, a la espera de poder legalizar su situación.

A lo largo de estos años se han conocido casos que han derivado en la muerte de personas que no fueron atendidas, como el senegalés Alpha Pam que falleció de tuberculosis en Mallorca o Jeanneth Beltrán, nicaragüense de 30 años que murió en Toledo, que murió en la sala de urgencias del hospital después de varias semanas de malestar, negándose a acudir al médico por miedo a que le emitieran una factura que no pudiera pagar.

Varias comunidades autónomas se han opuesto a la aplicación de esta medida. En agosto de 2015, tras la llegada del PSOE y PRC al Ejecutivo, el Gobierno cántabro aprobó la orden que regulaba la inclusión en el sistema de las personas sin protección sanitaria, pero el Gobierno central recurrió la normativa, que ahora está pendiente de sentencia firme.

El actual Ejecutivo regional (PSOE-PRC) estimó que podrían volver al sistema hasta 3.000 ciudadanos excluidos por la actual legislación.

Para facilitar la vuelta de estas personas al Sistema Nacional de Salud, la Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria en Cantabria propuso incluir en los centros de salud una serie de carteles informativos, que el Ejecutivo aplicó.

La propia ministra de Sanidad impulsó una medida similar en la Comunidad Valenciana, donde probó que la reforma no encarecería la sanidad sino que el sistema de salud ahorraba al atender a estas personas en la Atención Primaria antes de que estos debieran acudir a urgencias.