La Plataforma Stop-Desahucios y la familia desahuciada este miércoles en Solares han denunciado por la vía penal a la secretaria del Juzgado y el juez titular del juzgado de Medio Cudeyo por considerar que el desalojo se llevó a cabo sin orden judicial.

La familia, compuesta por Olga Cobo, su pareja y su hija de 7 años, fue desahuciada tras el impago de los últimos cinco meses de alquiler, que alegan que se produce al encontrarse en situación de desempleo.

Imagen de la paralización del desahucio el martes en Solares, que se produjo «por sorpresa» al día siguiente. FOTO: Stop-desahucios.

La familia que vivía en el piso “sobreviven de mala manera” con los 567 euros de la Renta Social Básica y se les ha concedido una vivienda de la Oficina de Emergencia Habitacional que aún no se encuentra habitable; motivo por el cuál pidieron el aplazamiento del desahucio hasta dentro de un mes.

Tras la demanda de la propietaria del piso que tenían alquilado, en Solares, se programó un desahucio el pasado 26 de junio, aunque el  lanzamiento no llegó a producirse debido a la actuación de la plataforma Stop-Desahucios, que se interpuso de forma pacífica a la comitiva judicial.

Allí mismo, el abogado de la propietaria y la Comitiva Judicial acordaron no ejecutar el desahucio entonces, aunque al día siguiente, según relata Olga Cobo, la Comitiva se presentó con cinco vehículos de la Guardia Civil que llenaron el patio y la escalera de la vivienda, para forzar su salida. “Me pareció exagerado y fuera de lugar, por decirlo suave”, ha declarado la mujer desahuciada.

“Me indicaron que tenía que abandonar la vivienda. Entonces, yo pedí la orden judicial de lanzamiento”, ha relatado en una rueda de prensa en las puertas de los Juzgados de Santander. “La secretaria judicial, después de hacer como que la buscaba en una carpeta que tenía en el brazo, me dijo que la orden del día anterior seguía vigente y que lo que habían hecho era ‘suspenderla momentáneamente’”.

Al comprender que no existía orden judicial, la afectada asegura que intentó cerrar la puerta “pero varios guardias civiles se interpusieron y lo impidieron, entrando y obligándome a salir de mi casa”.

“LA SECRETARIA JUDICIAL FALSEÓ LA REALIDAD AL EXPRESAR QUE LA ORDEN SEGUÍA VIGENTE”

La Plataforma Stop-Desahucios ha denunciado la “alevosía y premeditación” con que aseguran que se actuó. “Parece que nosotros tenemos más confianza en la justicia que los propios jueces y secretarios judiciales.  Es una vergüenza tener un sistema judicial que funciona así”, ha reclamado el portavoz de la plataforma Antonio González Javega.

Según la denuncia, “con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano, resulta imposible que se pueda producir un lanzamiento sin que medie una orden judicial”, ya que entienden que “para que el lanzamiento practicado el día de autos, 27 de junio de 2018, fuera jurídicamente admisible se tendría que haber producido la intervención del juez mediante el oportuno auto de suspensión e, inmediatamente después, se debería haber emitido una nueva diligencia de ordenación firmada por la secretaria judicial con el nuevo día y hora de lanzamiento”.

También indican que esta ordenación “debería haber sido notificada a los afectados en tiempo y forma”. “Y precisamente por esa necesidad de notificación, resulta materialmente imposible que se pudiera practicar un lanzamiento al día siguiente de la suspensión del mismo”, matizan.

Por ello la denunciante ha acusado a la secretaria judicial de “falsear la realidad al expresar que la orden seguía vigente”.

Entre los denunciados figuran la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo, Inés Alvarez de Soto, así como contra las personas que formaron parte del dispositivo de Auxilio Judicial,  el abogado de la parte demandante y el jefe del dispositivo y los miembros de la Guardia Civil.

Los cargos que acusan los denunciantes son allanamiento de morada, prevaricación, delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y omisión de impedir delitos.

También se ha presentado una denuncia contra el Juez titular de dicho Juzgado en el caso de que incurriera en alguna responsabilidad, “a no ser que desconociera todo lo que estaba pasando”. En ese caso, insisten toda la carga de la prueba recaería en la secretaria judicial, que además “podría haber incurrido en Usurpación de Atribuciones”.