Este agosto ha dejado de ser un mes tranquilo para la clase política tras publicarse este domingo en EL DIARIO MONTAÑÉS que un informe de Intervención (el organismo del Gobierno que fiscaliza que todo lo que hace el Ejecutivo sea correcto) enumera nuevas irregularidades e incumplimientos legales en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

María Luisa Real compareciendo en el Parlamento de Cantabria.

Unas adjudicaciones que ya estaban bajo sospecha tras la denuncia de una alta funcionaria, amplificada por el PP y que han llevado a la Fiscalía Izquierda Unida y los ‘populares’. En el camino, dos dimisiones de altos cargos del SCS y una reprobación parlamentaria a la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

De lo que se habló entonces fue de unas adjudicaciones por servicios y obras que no se habían ejecutado a una serie de empresas relacionadas entre sí por tener al mismo administrador y uno de sus socios hijo del alcalde socialista de Suances, adjudicadas además de forma directa al ser contrato menor (menor importe, lo que permite evitar que se compita con otras empresas) gracias al fraccionamiento (su división en partes para que la cifra sea menor del coste real del servicio).

Y lo que ha publicado EL DIARIO MONTAÑÉS es el informe provisional de Intervención, obra ya del nuevo Interventor (el anterior fue cesado), en el que se habla de más adjudicaciones y se advierte de incumplimientos de leyes por el fraccionamiento de contratos tras ampliar la muestra de contratos estudiados más allá de los señalados inicialmente.

La publicación del informe ha hecho que los partidos de oposición pidan el cese inmediato de la consejera María Luisa Real.

Y ha forzado a pronunciarse tanto a Revilla como a la propia consejera: Real asegura que el informe confirma que la gestión es adecuada.

REVILLA PIDE QUE EL INFORME DEFINITIVO SE TERMINE CUANTO ANTES

También se ha pronunciado, en un comunicado diferente enviado también desde el Gobierno, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

Frente a su tibieza cuando el mismo organismo, Intervención, cuestionó la gestión de Salvador Blanco en SODERCAN (cargo que acabó siendo cesado pese a las pegas del presidente y la vicepresidenta), el presidente da un mínimo paso argumental y avanza que “decidirá si procede adoptar medidas cuando los informes encargados al respecto sean definitivos”. Viene a ser lo mismo que dijo el pasado mes de abril, sólo que esta vez lo ha recordado en el acto y por iniciativa propia, asegurando además que esta misma mañana le ha pedido explicaciones a su compañera de Consejo de Gobierno.

Al informe, adjudicado tras estallar la crisis, le queda la posibilidad de que los mencionados, entre ellos la propia Real y cargos de su departamento, puedan presentar alegaciones. En cualquier caso, Revilla ha pedido que el informe definitivo se haga “en el plazo más breve posible”.

REAL ASEGURA QUE EL INFORME NO SE CORRESPONDE CON LO PUBLICADO

Mientras, María Luisa Real defiende que lo que dice este informe es todo lo contrario, que los procesos de contratación y tramitación “se adecúan en general a la normativa vigente” y ha advertido de que el contenido de dicho informe “no parece corresponderse” con el publicado en la prensa.

Es más, sostiene que el que está firmado por los interventores y remitido al SCS para sus alegaciones, textualmente indica que “como consecuencia de los trabajos de control llevados a cabo y, cuyos resultados se han expuesto en el apartado anterior, se ha comprobado que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes de Contratación Administrativa se adecúan en general a la normativa vigente, tanto en el caso de los contratos menores como en el de otros expedientes de contratación administrativa, abiertos negociados o restringidos, sea bien se han detectado las siguientes incidencias.”

Real ha recordado que el objetivo de todo control financiero es detectar errores y defectos en la tramitación para su posterior corrección y mejora. También ha reiterado su disposición para que “cualquier incidencia, incorrección o práctica irregular en la contratación administrativa que hubiera que subsanar, corregir o simplemente mejorar, sería la primera interesada en impulsar su corrección, siempre pensando en mejorar el SCS”.

Respecto a la petición de responsabilidades políticas, Real ha apuntado que la máxima responsabilidad que se puede pedir a un cargo directivo, es la dimisión o el cese, algo que ya ha ocurrido con el subdirector del SCS responsable de la contratación administrativa, y el de su jefe inmediato, el gerente del SCS.

LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN PIDEN EL CESE DE LA CONSEJERA

El Partido Popular, que se hizo eco de la primera denuncia de la alta funcionaria sobre la presencia de asesores externos y lo ha denunciado a Fiscalía, ha exigido el “cese inmediato” de la consejera, que no puede seguir en el cargo “ni un día más”.

Su portavoz, Iñigo Fernández, ha dicho que Real está totalmente “intoxicada” por este caso, además de remarcar que el presidente Revilla “no puede seguir mirando para otro lado por más tiempo”.

“El informe lo deja todo claro: no fue una campaña orquestada por el PP, sino una trama para amañar contratos saltándose la ley y los procedimientos de contratación”, ha señalado el portavoz ‘popular’, para quien cada día está más claro “que este escándalo le va a llevar por delante”.

Desde Izquierda Unida, partido que ha llevado el asunto a la Fiscalía y ha extendido al PRC las adjudicaciones a las empresas implicadas, su coordinadora Leticia Martínez pedía a Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE cántabro, que promueva este cese, recordando que ya cesó a otro consejero, Ramón Ruiz, por discrepancias políticas y no de gestión.

Martínez incidía en que «ni el cambio de interventor a medida ha impedido que afloren las irregularidades en la Consejería de Sanidad», recordando así como se destituyó al anterior responsable del control al Ejecutivo.

Y concluía que «el problema es más grave que cuatro contrataciones: estamos ante un ejemplo de irregularidades institucionalizadas» y “estructurales”.

«Es muy duro vivir en una comunidad autónoma en la que los órganos de control le piden al Gobierno algo tan básico como que cumpla la Ley: el Ejecutivo no se da cuenta de hasta qué punto está perdiendo legitimidad. ¿Con qué argumentos se van a dirigir a cualquier colectivo a exigirles un cumplimiento de la legalidad que ellos mismos parecen incapaces de llevar a cabo?», inquiría la coordinadora de Izquierda Unida.

Además, advertía de que «lo que no podrá tapar el Gobierno por mucho que se empeñe es la investigación de la Fiscalía», iniciada a instancias de Izquierda Unida, en la misma línea que otras acciones judiciales acometidas por la formación de izquierdas, como la que sentará de forma inminente en el banquillo al exalcalde de Astillero.

Podemos también pedía el “cese inmediato, recordando que en las resoluciones del Debate de Orientación Política (conocido como debate sobre el estado de la comunidad) el Parlamento ya había exigido el cese de Real –que además está reprobada parlamentariamente–, a lo que el presidente Miguel Ángel Revilla se había comprometido a actuar con contundencia “si había algo raro”.

Además, desde Podemos se exige al Ejecutivo cántarno el traslado a la Fiscalía de todos los contratos irregulares y de las prácticas prohibidas detectadas por la Intervención General.

“Se ha analizado una pequeña muestra -menos de cien contratos- y se han detectando numerosas irregulares, lo que es un síntoma más de lo que venimos denunciando públicamente desde hace tiempo, que el sistema de contratación irregular fue generado por el PP del imputado César Pascual (director de Valdecilla con el PP, imputado por una adjudicación en la Comunidad de Madrid, donde también tuvo responsabilidades de gestión) y mantenido por el PSOE”, ha criticado el diputado José Ramón Blanco.

Para Blanco, “mientras el Gobierno señala la falta de fondos” paga comidas con sus directivos de 5.000 euros con dinero público; “es escandaloso que se paguen 235.000 euros a la Hostería de las Caldas sin que exista contrato o que no oculte sin publicar en el BOC la comida de Atención Primaria”.

También desde UPYD pedían la dimisión de Real “si es que le queda dignidad política” tras confirmarse que “se ha incumplido la Ley voluntariamente para poder adjudicar contratos a dedo”.