Tribugest, la empresa que se encarga del servicio de notificaciones de tributos en Santander, ha sido sancionada en Murcia por prácticas que incluyen el recurso a la figura de los falsos autónomos (empleados a los que se convierte en autónomos pese a que en la práctica son trabajadores del día a día de la empresa).

En Santander, Tribugest fue conocida hace meses por la acumulación de retrasos en el envío de las notificaciones para el cobro del impuesto de circulación, justo cuando estaba a punto de expirar el plazo, lo que se tradujo en largas colas en el servicio municipal de recaudación.

En Murcia, el sindicato CGT lleva años denunciando ante los tribunales, la Inspección de Trabajo, las autoridades y los medios las malas prácticas de esta empresa, como la subcontratación de tareas a otras empresas (Unipost) sin notificar esta situación al Ayuntamiento, como estipulaba el pliego de condiciones.

La práctica de la subcontratación ya le ha supuesto la apertura de un expediente por el Ayuntamiento de Murcia que, no obstante, considera que el resto es un asunto de relación entre empresas privadas que deben gestionarse entre ellas.

Con todo, el reproche más severo al servicio se lo ha dado el pasado mes de julio la Inspección de Trabajo, al entender que cuatro empresas que prestaban servicios a Unipost (la empresa subcontratada por Tribugest) para la notificación de tributos municipales al considerar que incurrían en cesión ilegal de trabajadores o eran falsos autónomos.

Así, se impusieron hasta seis sanciones a otras tantas empresas por la cesión de prácticamente todos sus trabajadores o por hacerles autónomos sin que fuera una de las situaciones que se contemplan para este régimen que implica el pago por darse de alto.

CGT ha denunciado que Tribugest, la adjudicataria del servicio, desmanteló su departamento de notificaciones y acabó subcontratándolo con Unipost, que, a su vez, se valió de una red de empresas para prestar ese servicio (el tema está pendiente de los tribunales).

Este sindicato también han presentado denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, al manejarse los datos fiscales de los contribuyentes.

EN SANTANDER

En Santander, el contrato actual se adjudicó en 1,2 millones anuales en 2016, por un período de dos, si bien no es la primera vez que Tribugest es beneficiaria de este servicio. Partidos de la oposición han pedido su remunicipalización, es decir, que se preste con medios propios del Ayuntamiento, algo que desde el equipo de Gobierno fue tachado de «totalitario».

Es un contrato que se define como de prestación de servicios complementarios a la función recaudatoria, pero que no impliquen ni el ejercicio de autoridad ni el manejo o custodio de fondos públicos o formación de una base de datos única de contribuyentes.

Un contrato que en fue suspendido judicialmente tras una denuncia de una de las empresas competidoras, pese a lo cual se aprobó una continuación provisional. El contrato fue anulado y se tuvo que convocar un nuevo procedimiento, que ganaría Tribugest.