La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha culpado al Interventor General de Cantabria de no haber hecho llegar a la Fiscalía el informe que relata las irregularidades producidas en el Servicio Cántabro de Salud y que le ha requerido este organismo judicial.

A preguntas de los medios durante una visita en Valdecilla, Real ha asegurado que el envío de este informe no es responsabilidad de la Consejería, sino de la propia alegación, cuando su anterior argumento para explicar la razón de que no se hubiera enviado era que se trataba del borrador de un informe provisional, no definitivo.

El informe recoge incidencias y prácticas fuera de la ley en una serie de contratos del Servicio Cántabro de Salud, y se produce tras una serie de denuncias sobre contratos a una red de empresas con el mismo administrador, vinculadas al hijo del alcalde socialista de Suances, adjudicados de forma directa y por proyectos no realizados.

María Luisa Real en una visita a Valdecilla

Una situación que ha hecho que IU y PP lleven el tema, por separado, a la Fiscalía. Según publicaba estos días EL DIARIO MONTAÑÉS, Fiscalía ha pedido el citado informe al no habérsele enviado por propia iniciativa.

Desde Izquierda Unida, en respuesta a estas “chocantes” declaraciones, su coordinadora Leticia Martínez inquiría a la consejera por «quién más tiene la culpa de su gestión», enumerando como Real pasó de «negar todo» a «señalar a la funcionaria que hizo la denuncia» para que luego le «bastasen» dos dimisiones en el Servicio Cántabro de Salud que, apuntaba, se dijo que obedecían a «motivos personales» sin relación con la gestión del SCS.

Y un informe que, ha recordado en un comunicado la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, «la propia consejera primero dijo que no hacía falta enviar porque era provisional». «Parece que entonces sí era su responsabilidad y su decisión», ha aseverado Martínez, quien ha espetado a Real «¿en qué quedamos: el informe no hace falta porque es provisional o no se envía porque no le corresponde».