El término SOCIMI ha ido haciéndose más conocido en los últimos años en España, ya que se están convirtiendo en la herramienta preferida de las entidades bancarias para desahuciar a los clientes con deudas.

Las SOCIMI son entidades inmobiliarias que cotizan en bolsa y cuyo objetivo es comprar, promocionar y rehabilitar activos urbanos –es decir, oficinas, pisos, locales comerciales, centros comerciales, oficinas de logística, etcétera-, ya sea para alquilarlos o para utilizarlos de participación de capital de otra SOCIMI. Se trata, por tanto, de vehículos financieros con fin de promocionar e invertir el mercado del alquiler.

Estos activos inmobiliarios se han convertido en una de las fuentes de especulación más rentables para las multinacionales.

En España estos procedimientos entraron al mercado en el año de 2009, impulsados por el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es hacer más atractivo el mercado del alquiler para las multinacionales que adquirieran inmuebles, de los cuales el 80% debía ser ofrecido en alquiler.

Sin embargo, hasta el año 2012 no se creó ni una sola SOCIMI en España ante el nulo interés que esto suponía para el capital extranjero. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino con la aprobación de dos leyes que entraron en vigor en 2013.

En la primera de ellos, se ofrecía muchas exenciones fiscales a estas entidades, como la eliminación del pago de impuestos de sociedades, lo que a su vez atrajo a los fondos internacionales que invierten en vivienda que se han transformado en vehículos de especulación financiera.

Además, para dar la impresión de una gran demanda, se procedió a la venta masiva de vivienda pública a fondos buitres internacionales, tal y como hizo la Comunidad de Madrid en el mes siguiente a la aprobación de la ley, con la venta de 5.000 viviendas a dos fondos internacionales muy importantes, que posteriormente han tratado de iniciar una ola de desahucios masiva tras inflar los precios de alquiler de forma abusiva.

Además, antes de esta reforma las SOCIMI’s tenía que mantener la propiedad durante siete años antes de poder venderla, lo que posteriormente se ha reducido a tres años. Esto da una menor estabilidad en el mercado que beneficia a los grandes grupos.

El segundo cambio fue la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. “No respondía a ningún factor social ni a ninguna demanda, pero el objetivo es reducir los derechos de los inquilinos e inquilinas para aplicar la ley de arrendamientos urbanos que regula los contratos de alquiler a la nueva jurisprudencia de las SOCIMIS”, explica Javier Gil, investigador del mercado de la vivienda y portavoz del Sindicado de Inquilinos, quien ha alertado de que en los últimos tres años los precios han subido 12 veces más que los ingresos de las familias

UN MERCADO ARTIFICIAL ESPECULATIVO

Aunque las condiciones del mercado y la economía de las familias españolas “no son propicias para estas subidas de precios”, Gil alerta de que se ha generado un mercado artificial especulando con vivienda pública.

En esta coyuntura, en 2016 y 2017 ha habido un gran aumento en este mercado que, según datos de la Bolsa de Madrid, ha supuesto un beneficio conjunto de 14.450 millones de euros.

En Cantabria, el mercado inmobiliario está en manos de sociedades que tienen su sede muy lejos de la comunidad. Y es que a este negocio también se ha unido Liberbank, entidad bancaria procedente de la fusión en 2011 de tres cajas de ahorros (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) a la que se sumó posteriormente Caja Castilla-La Mancha.

La mayoría de los activos tóxicos de la entidad bancaria han sido adquiridos por la SAREB, una sociedad que está participada en un 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del FROB. El objetivo de la SAREB es comprar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos para retirarlos de sus balances y venderlos posteriormente recuperando lo invertido.

A pesar de estar vendidos a la SARED, aquellos que provienen de particulares (hipotecas a viviendas) todavía pertenecen al banco y, por lo tanto, los sigue ejecutando.

LOS BANCOS SE VALEN DE ENTIDADES INMOBILIARIAS PARA EJECUTAR DESAHUCIOS

Sede de Liberbank en Madrid, junto al Congreso de los Diputados.

Sin embargo, además de esta sociedad, Liberbank utiliza, sobre todo, los servicios de dos sociedades más desconocidas: Beyos y Ponga y Desarrollos Los Peñicas SL.

Beyos y Ponga es una sociedad inmobiliaria que pertenecía a la antigua Cajasur. Cuando Liberbank ejecuta desahucios y los pone a la venta, esta entidad que suele ser una de las adjudicatarias de pisos más beneficiada.

En cuanto a Los Peñicas, se trata de una sociedad inmobiliaria con sede en Madrid que está participada al 100% por Liberbank. Actualmente está siendo usada por la entidad para forzar los desalojos de pisos que se ha adjudicado la entidad.

MIHABITANS, LA FILIAL INMOBILIARIA DE LIBERBANK

Hasta el pasado año, Liberbank contaba con su propia filial de gestión inmobiliaria, Mihabitans, que ha pasado a manos de Haya Real Estate, a quienes se la vendió por 85 millones de euros.

Según este acuerdo, Haya Real Estate, una sociedad especializada en la prestación de servicios de gestión de activos financieros e inmobiliarios, se ha convertido en socio de Liberbank durante los próximos seis años al gestionar el mercado inmobiliario de la entidad bancaria casi en su totalidad.

Mihabitans, participada al 100 % por Liberbank, opera en el mercado desde junio de 2016, cuando se creó a partir de la unidad interna de activos inmobiliarios del banco. Su objetivo es gestionar los activos inmobiliarios de todo el Grupo Liberbank, que superan los 3.000 millones de euros y que incluye los de Banco de Castilla-La Mancha y los de Beyos y Ponga -de la antigua Cajastur-, entre otros.

DESALOJAN POR LA VÍA PENAL ACUSANDO A LAS FAMILIAS DE ‘OKUPAS’

En los desalojos, en vez de la vía civil, están usando cada vez más la vía penal, que es más rápida en términos judiciales.

Para ello, acusan a las familias de ser ‘okupas’, provocando un grave daño moral a personas “que no han entrado en las viviendas de forma ilegal”, según denuncia la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Además de las denuncias por la vía penal, estas SOCIMI’s usan a plataformas inmobiliarias para “convencer” a las familias de que se vayan: les ofrecen dinero, acosan a las familias con visitas y llamadas o intentan cambiar cerraduras cuando las familias no están en casa.

Estas familias ejecutadas se encuentran en tres situaciones:

• Han dejado de pagar y todavía no han sido ejecutados.
• Han sido ejecutados y están esperando lanzamiento.
• Alcanzaron la ‘dación en pago’ (entrega de la vivienda y liquidación total de la deuda) y les dieron alquiler en la vivienda por 3 años.

Se trata de tres situaciones completamente diferentes, tanto por el momento como por las condiciones en las que se encuentran. En el primer caso no hay riesgo de lanzamiento, aunque sí lo hay en el segundo y tercer caso.

De hecho, el tercer supuesto es una de las razones por las que han aumentado las ejecuciones últimamente, al acabarse el plazo de tres años de alquiler social que se había acordado previamente.

LIBERBANK SE NIEGA A RENOVAR ALQUILERES SOCIALES

Esta situación empeora con la actitud que durante los últimos meses viene mostrando la entidad que acoge a la antigua Caja Cantabria.

Según denuncia la PAH, Liberbank está negándose a renovar alquileres sociales que están en la tercera situación. Es decir, las sociedades inmobiliarias tienen obligación de alquilar las viviendas por el plazo mínimo que marca la ley, 3 años, pero pasado ese plazo se niegan a renovar los alquileres sociales con el objetivo de venderlas.

La mayor parte de ellas van a parar a fondos buitres que buscan especular con ellas en mercados secundarios, como los alquileres de apartamentos turísticos (airBnB o Niumba) o alquilar por habitaciones.

Según la PAH, esto “destroza” el mercado inmobiliario y “obvia el fin social de la vivienda”, lo que provoca la conocida como “gentrificación”, es decir, la expulsión de los barrios de sus habitantes de toda la vida.

Una situación aún más grande se da en Cantabria con la SAREB, conocido como banco malo, que ha obtenido una gran cantidad de pisos que actualmente se encuentran vacíos y que se niega a cederlos al Gobierno de Cantabria para que sean dados en alquiler social.