El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha dado la razón a Ecologistas en Acción en su denuncia sobre la construcción de la nave de alpacas en las praderas costeras de Ubiarco, y ha anulado la licencia concedida por el Ayuntamiento de Santillana.

Esta sentencia viene a dar coherencia a las tres desestimaciones previas resueltas por el Órgano judicial, en donde se ratificaban los argumentos expresados en la sentencia de enero de 2018, en la que reconocía como probada la especial importancia de los suelos sobre los que se asienta la construcción, así como la afectación al medio ambiente.

Durante el pasado año, Ecologistas en Acción Cantabria denunció la autorización emitida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar para la construcción de una nave agrícola-ganadera en Ubiarco, puesto que se basaba en un fraude de ley por parte del promotor, al construir una vivienda sobre suelo de especial protección, en las praderas costeras de Ubiarco, donde actualmente está expresamente prohibido.

Como así queda contemplado en la sentencia, los informes emitidos por la CROTU, reflejaban las «sospechas» respecto a la falta de adecuación de la construcción en relación a los usos permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Santillana del Mar.

 «…la morfología de la edificación proyectada no se adecúa al uso ganadero solicitado, más bien son propias de une pequeña edificación vinculada a uso residencial…»

Con el fin de atenuar el grave impacto provocado en uno de las zonas mejor conservadas del litoral de Cantabria, el promotor ha remitido informe de integración paisajística.
Sin embargo, Ecologistas en Acción detectado que este informe hace un balance claramente interesado a favor del promotor, en el que se centra, “descaradamente”, en LA AFECTACIÓN PROVOCADA POR LA PARCELA EN SÍ, SIN TENER EN CUENTA LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA.

Advierten de que incluso, “de forma insólita”, entre las medidas propuestas para atenuar el impacto de la nave, que se eleva por encima de los 6 metros de altura, el redactor del informe proponía la plantación de maizales, aún a sabiendas de que su altura máxima es de poco más de 2 metros y una temporalidad de apenas dos o tres meses.

Ecologistas en Acción valora que esta sentencia supone un “contundente varapalo” al Ayuntamiento de Santillana del Mar, que en esta caso se posicionó “como claro defensor del promotor, y desafortunado garante de la legalidad, incluso a pesar del informe del Jefe de Servicio de la CROTU y de la contundencia de los argumentos jurídicos manifestados por Ecologistas en Acción”.

Y alerta de la tendencia a la autorización sistemática de edificaciones que se justifican como si fueran meramente ganaderas, pero que responden “ exclusivamente a intereses sectoriales o personales” y se dan contra la normativa.