El presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, ha informado al Parlamento de Cantabria que el Gobierno autonómico ha remitido a la Fiscalía el informe de Intervención General sobre las irregularidades del Servicio Cántabro de Salud denunciadas por la Jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez.

Revilla ha aprovechado su intervención en el pleno que ha abierto la actividad parlamentaria en este último año de legislatura para anunciar esta novedad en el caso que, según sus palabras, se ha desarrollado este mismo lunes. Pese a ello, no será hasta este martes que la oposición tenga acceso a dicho informe, cosa que han criticado los demás partidos que han asegurado que se trata de “juego sucio”.

Miguel Ángel Revilla, este lunes en el Parlamento de Cantabria.

Así, el informe de Intervención se unirá a la causa abierta por la Fiscalía, tras la denuncia que llevaron a cabo Izquierda Unida y el Partido Popular después de que se publicara el correo electrónico que la Jefa de Contratación mandó a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, el pasado mes de febrero.

El presidente de Gobierno ha intervenido en el Parlamento por la petición del grupo popular para informar sobre las responsabilidades políticas derivadas del escándalo por las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud.

Estas irregularidades incluyen las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la división de contratos para hacerlos pasar como contratos menores. Un hecho que Revilla ha reconocido, asegurando que “se llevan a cabo desde hace años”.

Lo hace una semana antes de que se inicie la Comisión de Investigación, aunque queda por saber si se impulsará la que ha apoyado también del PRC y el PSOE, y que investigará las irregularidades que vienen llevándose a cabo desde el año 2011, incluyendo también la última legislatura del PP de Ignacio Diego; o se impulsará la que busca el PP que solo contempla estos últimos años de Gobierno de PRC-PSOE.

REVILLA CREE QUE YA SE HAN LLEVADO A CABO RESPONSABILIDADES POLÍTICAS CON LAS DIMISIONES DEL GERENTE Y EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ECONÓMICA

En su intervención, Revilla, ha asegurado que su Gobierno tuvo conocimiento en el mes de abril de estas cuestiones, al conocerse el email de Inmaculada Rodríguez, que ha insistido en que era una “comunicación electrónica”, “no una denuncia formal”, donde hablaba de una “injerencia en su puesto de trabajo”., pero que “hablaba de forma genérica sin dar pruebas o hablar de irregularidades concretas”.

Revilla ha asegurado que, tras preguntar a la consejera de Sanidad, Real le confirmó que había pedido explicaciones, aunque no fue hasta el mes de mayo cuando el Consejo de Gobierno acordó pedir un informe interno. En este informe, Revilla ha confirmado que se apreciaron incidencias, muchas de las cuales ha defendido que tienen más de diez años, “no son nuevas”, aunque ha reconocido en que “debemos acomodar los procedimientos” a la legalidad y a la ley de contratos para asegurar el “cumplimiento escrupuloso” de la ley.

Asimismo, el presidente de Gobierno ha defendido que ya “se han cumplido las responsabilidades políticas”, en el cese, posterior a su dimisión, del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

CIUDADANOS Y PODEMOS PIDEN DE NUEVO EL CESE DE LA CONSEJERA DE SANIDAD

Tras la intervención del presidente, Ciudadanos y Podemos han reclamado que las responsabilidades políticas deben pasar también por el cese de la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

“La consejera de Sanidad sabía esto desde el primer día porque no le escribió un ciudadano cualquiera, sino su Jefa de Contratación”, le ha recordado el diputado del partido naranja, Rubén Gómez, que ha criticado que Real “durante dos meses hace como que no sabe nada” y que ha tenido que ser el presidente el que pidiera la realización del informe.

Además, ha puesto en cuestión la diferencia entre el poco tiempo que se tardó en cesar al anterior Interventor, Gabriel Pérez, y el tiempo que se está dando para tomar medidas con la consejera.

Gómez también considera que es un “cachondeo” que Revilla “se contente” con que la Intervención diga que “se cumple en general con la legislación vigente”. “¡Faltaría más!”, ha exclamado, añadiendo que tampoco acepta la excusa de que se haga desde hace años. “También hace siglos se tiraba a cristianos a los leones”, ha remachado.

El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha insistido también que Revilla “debió cesar a la consejera de sanidad inmediatamente”, y ha criticado que “a la hora de la verdad no se quieren combatir estas corruptelas, chanchullos o tratos de favor que existen en Cantabria”.

“Se ha saltado la ley totalmente”, ha asegurado, admitiendo que “en algunos casos pueden ser achacados a errores”, tal y como defiende Revilla, pero que “la mayoría de los expedientes que se investigan proceden de un proceso de contratación irregular para favorecer a un tercero”.

BURUAGA CREE QUE HABÍA «UNA TRAMA ORGANIZADA» Y DEFIENDE QUE SU GESTIÓN «JAMÁS HA SIDO PUESTA EN CUESTIÓN»

Por otro lado, la ex consejera de Sanidad del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado la comisión de investigación que propone ampliar la indagación hasta el año 2011, aunque adelanta que su partido «no se opondrá».

La también presidenta del PP cántabro ha defendido que su gestión «jamás se ha puesto en cuestión ni me han denunciado ante la Fiscalía», ya que «no ha habido una gestión más vigilada y más avalada que la mía». De hecho, ha puesto el foco en que, dos años después de su aprobación, aún no se ha iniciado la comisión de investigación por el contrato público-privado de las obras del hospital Valdecilla.

Asimismo, ha insistido en que este caso deriva de «una trama organizada» con el fin de «favorecer a una serie de empresas que ascendieron en el ránking de adjudicaciones» y que, casualmente, «no han vuelto a ser adjudicatarias» desde que se han revelado las irregularidades. «Eso es lo que deben investigar», ha reclamado.

Buruaga también ha criticado que Revilla se comporte «como un hipócrita» al poner «el listón de la moralidad muy amplio» pero sin aplicárselo a sí mismo. Por ello ha lamentado la Comisión de Investigación, ya que considera que se trata de una «cortina de humo».

PRC Y PSOE DICEN QUE ES UNA «CORTINA DE HUMO» QUE «DAÑA» AL SCS

Desde el Partido Regionalista y el Partido Socialista han reclamado que este hecho es una «difamación de cara a la ciudadanía» y «dirigida por el Partido Popular», con el fin de enturbiar la situación de cara a las próximas elecciones.

«Es una cortina de humo y una campaña de desprestigio» elaborada por el PP, ha denunciado el portavoz socialista, Víctor Casal, que ha reclamado que se «deje de utilizar el término corrupción» en el caso del SCS. De hecho, ha afeado a Podemos que, para ellos, «todo es corrupción y el problema es que así se pierde la credibilidad, aunque el daño a la institución aún queda», ha lamentado. Casal también ha reiterado que el SCS tiene sus propias mesas de contratación que actúan independientes a la Consejería de Sanidad y reclama, por tanto, que la consejera «no tiene ninguna responsabilidad».

Por su parte, la portavoz regionalista, Rosa Valdés, cree que se han usado los informes «de manera parcial y partidista» para denunciar «una supuesta trama de corrupción», sin «importarles arrastrar por el fango al SCS».

Y es que cree que el PP ha actuado «de forma incoherente» al decir «que el informe estaba hecho a la carta y al mismo tiempo les daba la razón. O una cosa o la otra», ha reclamado.

Posteriormente, Revilla ha rematado que «es imposible» que salieran informaciones de irregularidades del PP porque «estos no hicieron informes y auditorías ningún año. Cosa que nosotros sí». Asimismo, el presidente ha reiterado que no va a cesar a la consejera de Sanidad.