La reunión semanal de cada martes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Santander (todos los martes, a las 18.30 horas en el Centro Cívico Callealtero) sumaba esta semana un tema para comentar aparte de lo que para ellos ya es habitual: recibir a afectados con nuevos casos y planificar acciones o buscar soluciones para las que ya tienen.

Activistas siguiendo la votación en el Congreso (Foto: PAH)

Porque a última hora de la noche se conocía que el Congreso de los Diputados admitía a trámite la ley estatal de la PAH para afrontar el problema de la vivienda. Su entrada en el Congreso (un trámite incipiente, en realidad el inicio de un proceso que desembocaría en la aprobación definitiva) tenía margen de duda porque si bien se contaba con el apoyo de partidos del ámbito de la izquierda, no se conocía lo que haría el PNV, que finalmente se abstuvo.

Desde la PAH de Santander, Oscar Manteca señalaba, en declaraciones a EL FARADIO, que estaban “muy contentos” y “esperanzados” por este paso de la toma en consideración de la Ley.

Hasta la fecha, según recordaba Manteca, no había sido posible porque el PP en el anterior Gobierno hizo ejercicio de la posibilidad de vetar una ley si esta supone que se modifique el presupuesto.

Eso mismo es lo que sucedió en Cantabria cuando se intentó lo mismo, y ahora se está pendiente de la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP, una herramienta que permite a los ciudadanos, en este caso la PAH, presentar sus propias leyes, al margen de los grupos políticos).

El activista antidesahucios matiza que ahora se abre un plazo para la tramitación, de forma que los partidos podrán presentar enmiendas, por lo que espera que desemboque en una mayoría que acepte la Ley de Vivienda, que incluye medidas en materia de alquiler, impagos o el pago de los suministros.

“Estamos esperanzado, es algo por lo que llevamos muchos años luchando, y espero que más pronto que tarde cristalice en una nueva legislación de acceso a la vivienda y pueda solucionar todos los casos que ha dejado la crisis inmobiliaria”, valoraba.

LA TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO

En concreto, fueron 177 votos a favor, 163 votos en contra y 6 abstenciones que ha permitido el inicio del trámite de la proposición de Ley, que es una propuesta conjunta de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu.

Se registró el pasado enero, pero entonces chocó con el veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ahora ha salido adelante con el apoyo de estos partidos además del PSOE y del PDeCAT.

En la exposición, Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, reclamó que ya es hora de escuchar a las plataformas de afectados a las cinco medidas que exigen.

Estas cinco medidas son conocidas como las cinco de la PAH: Dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y garantizar suministros básicos.

Los colectivos antidesahucios recibieron el texto in situ al grito de “Sí se puede”, el lema habitual en las acciones antidesahucios.

La oposición de la derecha del PP y Cs votó en contra alegando que es una norma “intervencionista” y “más propia del chavismo”.

Con una crítica muy dura y con continuas alusiones a la gestión de los partidos de izquierdas en los ayuntamientos, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha rechazado la medida argumentando que no convence «ni alargar los contratos, ni fijar precios ni las expropiaciones bolivarianas de viviendas».

PENDIENTES DEL OTOÑO

La PAH está recogiendo firmas paara presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Cantabria (Foto: PAH Santander)

De modo que el tema de la vivienda parece que será uno de los principales en el debate público a partir de ahora, tanto por la tramitación de la Ley como por el alza en los precios de los alquileres.

Además, este verano la PAH alertaba de que el otoño será duro en materia de desahucios, porque se prevé una oleada de desahucios en alquileres sociales por parte de entidades financieras, al finalizar los plazos de buena parte de los contratos o las moratorias .

Aunque la legislación hipotecaria está en buena parte pendiente de los efectos del último criterio de la Justicia europea (que ya ha afeado en varias ocasiones el hecho de que las leyes españolas no protejan los derechos del consumidor) respecto a la práctica del Tribunal Supremo sobre los impagos en casos de desahucio. Más detalle en este enlace.

Por su parte, el Ejecutivo cántabro, que abrió esta legislatura una Oficina de Emergencia Habitacional (dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, está en Juan de Herrera y se encarga de asesorar o intermediar a afectados), está desarrollando contactos con implicados en toda la cadena que puede desembocar en un desahucio, desde los abogados a las entidades financieras.