El Gobierno retira un impuesto a eléctricas para bajar la factura, pero no las ayudas
En la factura eléctrica que llega cada mes a nuestras casas va más que nuestro propio consumo.
La ministra Teresa Ribera en el Congreso
El Gobierno anulará el impuesto de generación, como medida para tratar de abaratar el precio de la electricidad, según anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de semanas de continuas alzas en la factura, con récords históricos esta semana y la pasada.
Se trata de un impuesto que fue instaurado por el Ejecutivo del PP –esta misma semana pedían que se retirará–, repercutido en la factura, que grava ahora con un 7% la producción eléctrica y vinculado al déficit de tarifa, ese desfase que alegan las eléctricas que existe entre sus costes y los que ofrecen desde que se liberalizó el mercado.
Esta reducción del impuesto a las eléctricas busca paliar la subida de la luz al tiempo que pretende generar una confianza en los inversores. Desde el Ejecutivo también dice que los ciudadanos no pueden seguir costeando un sistema que ha quedado anticuado
Las medidas (insuficientes para apoyos del PSOE en el Gobierno como Unidos Podemos por no dirigirse contra el oligopolio) se han centrado en la retirada de este impuesto, lo que supondrá una reducción de ingresos para las arcas públicas, pero no se actúa sobre los denominados pagos por capacidad, unas ayudas por conceptos como la disponibilidad o el cumplimiento de la ley que reciben las eléctricas, y que también repercuten en la factura.
Desde la cooperativa cántabra de renovables Solabria, que comercializa por sí misma energía sostenible de una forma que permite además reducir el poder del oligopolio en el sector al ‘restarle’ clientes, resumían a EL FARADIO la situación del sector: «nosotros aportamos el coste del sistema y los beneficios no repercuten en la factura, sino en beneficios de estas empresas». Solabria, como los colectivos que luchan por un nuevo modelo energético, reivindica una auditoría «real» del sistema eléctrico español
Organizaciones de defensa de los consumidores como Facua han criticado que estas medidas beneficiarán a las empresas. Recientemente, este mismo colectivo recordaba que la mayoría de las salas de cine no han repercutido en el precio de la entrada la bajada de impuestos de la que se beneficiaban recientemente.
POBREZA ENERGÉTICA
La ministra también ha anunciado medidas contra la pobreza energética, que afecta a más de 4 millones de hogares en España.
Protesta contra la pobreza energética
Entre las medidas están facilitar el acceso al bono social energético –el actual estaba a punto de darse por finalizado en unas semanas–, crear uno especial para costear la calefacción y desarrollar una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética que estará antes de 6 meses para disponer de un instrumento estratégico
Por ello, Ribero ha anunciado un plan de choque inmediato de apoyo al consumidores y de reorientación del sistema.
Ese plan incluye medidas para evitar un exceso de potencia contratada, otras preventivas contra posibles prácticas abusivas de las comercializadoras y un impulso a las renovables para recuperar el atractivo de invertir en energías renovables.
Ribera ha asegurado que impulsar el abandono de los combustibles fósiles estima que puede conllevar un ahorro de 400.000 millones de euros para la economía española hasta el año 2030 y repercutiría positivamente en la factura de la electricidad.
PENSIONES: SUSPENDIDA LA REUNIÓN DEL PACTO DE TOLEDO
Otro tema que se seguía este miércoles en el Congreso de los Diputados era el de las pensiones.
Incidentes a las puertas del Congreso este miércoles (Foto: Coordinadora Estatal de Pensiones)
Los portavoces de la comisión para el seguimiento del Pacto de Toledo han suspendido la reunión que tenían prevista para este miércoles y en la que se esperaba avanzar en un acuerdo para que las pensiones vuelvan a estar referenciadas al Índice de Precios al Consumo (IPC).
No ha habido pacto. Los portavoces han solicitado más tiempo después de que el PP pidiera revisar algunos documentos. Además, algunos diputados señalan como otro factor importante que la portavoz de Unidos Podemos en la comisión del Pacto de Toledo, Yolanda Díaz, no estaba presente en la reunión, aunque sí estuvo en el pleno del Congreso por la mañana, donde le solicitó a la ministra de Trabajo que las pensiones se revaloricen por ley, algo que se rechazó argumentando que la revalorización se tratará en el Pacto de Toledo.
Mientras, en la calle, cientos de pensionistas han rodeado el Congreso, donde han sufrido una fuerte represión de los antidisturbios cuando han tratado de sobrepasar las vallas que no les dejaban acceder a los alrededores del edificio.
La falta de avances se suma al malestar provocado a los pensionistas, agrupados en una Coordinadora, por las palabras de esta semana del que fuera ministro de en los gobiernos socialistas de Felipe González, Carlos Solchaga. En Cantabria, en un foro de EL DIARIO MONTAÑÉS, aseguró quue los pensionistas que protestan y piden una pensión más elevada «no tienen razón» ya que “ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que perciben», rechazando, como reclaman ellos, que vuelva a vincularse al IPC.
A esto ha respondido la Coordinadora de Cantabria en Defensa de las pensiones Públicas y Dignas, mostrando su indignación y comparándolas a las que anteriormente hiciera la presidenta del Fondo Monetario internacional se dijo:” los pensionistas viven mucho”.
También han recordado que hasta el año 2003 las cotizaciones a la seguridad social y, por ende para las pensiones, generaron un superávit de más de 200.000 millones de € actuales. Este superávit fue utilizado por diferentes ministerios para realizar pagos e inversiones que nada tenían que ver con pensiones o seguridad social.
E Insisten en que el sistema público español de pensiones es sostenible, mientras que “lo que no es sostenible es la desigualdad, la pobreza y la precariedad y la extrema riqueza de unos pocos. Y le han deseado que viva su jubilación con la pensión media de las mujeres viudas en el estado español.
VIVIENDA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ARMAS
Esta semana había otro tema de agenda social que pasaba por el Gobierno central: la Ley de Vivienda de la PAH (que fue rechazada en Cantabria) daba el primer paso para su tramitación, algo celebrado con “esperanza” por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander, que recoge firmas para llevar una iniciativa popular similar al Parlamento autonómico.
Mientras, el Ejecutivo central transfería a Cantabria 1,5 millones de euros para el desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (desde el PP, la diputada cántabra Isabel Urrutia reivindicaba que iban incluidos en los presupuestos vigentes, aprobados en la época de Rajoy).
De lo que no ha trascendido nada es de la reunión del organismo del Ejecutivo que concreta las ventas de armamento, tras los vaivenes en decisiones como la suspensión de un contrato de bombas con Arabia Saudí (implicada en la guerra de Yemen) y los argumentos empleados para justificarlo (que eran “bombas de precisión” y no se equivocaba). La reunión era este miércoles y no se conocen los acuerdos, además sus actas son confidenciales.
