Robles contra Robles: “No podía ser cómplice de eso”
Se apellida igual que la ministra de Defensa que puso la venta ilegal de armas a Arabia Saudí en el foco, Margarita Robles, que fue desautorizada después por el Gobierno de España cuando tuvo intención de suspender el contrato de venta de 400 bombas de precisión al país que está vulnerando la legalidad internacional en la Guerra de Yemen; Robles, Ignacio (‘Ina’), acudió el pasado 13 de marzo de 2017, como venía siendo bastante habitual, al Puerto de Bilbao, para realizar labores de apoyo a una carga de explosivos como bombero de la Diputación.
“Yo fui como un día más, nos dijeron que eran explosivos y nada más, y cuando llegué y vi que eran contenedores pregunté para que eran y me dijeron que eran proyectiles para Arabia Saudí”, ha relatado a EL FARADIO DE LA MAÑANA en ARCO FM (103.2).
De forma “instintiva”, sin que “le diera tiempo a pensarlo”, dijo que no haría ese servicio: “algo dentro de mi salió, no quise participar, ser cómplice de eso”.
‘Ina’ explica’ que en aquel momento no se conocía tanto como ahora de la intervención en Yemen, pero que él si sabía algo, entre otras cosas por su vocación activista, que siempre ha tratado de separar de su trabajo como empresa.
A partir de ahí pasaron varias cosas: ese sencillo gesto de decir “no” activó una reacción colectiva, con acciones de protesta y un rechazo social que hizo que esos tráficos hayan desaparecido del Puerto de Bilbao, plasmado en la comisión La Guerra Empieza Aquí, comenzando a recalar en el de Santander.
La decisión de ‘Ina’ tuvo consecuencias: aunque fue relevado en el momento por un compañero y el servicio se pudo realizar, se le abrió un expediente disciplinario alegando motivos como el incumplimiento de sus obligaciones y otros como que “había puesto en peligro a la población” y “provocado una alteración del funcionamiento del servicio”.
El proceso del expediente resultó “muy duro” porque, al margen de factores como el estrés que sufrió, se prolongó durante un año, viendo cómo iban “añadiendo más para que la sanción fuera más alta” y se consiguiera apartarle de su puesto de trabajo entre 3 y 6 años. “Al final no ha sido y lo hemos ido desmontando”, explicaba.
“ESTÁN CHANTAJEANDO A LOS TRABAJADORES DE NAVANTIA”
A partir de entonces el comercio de armas ha tenido más visibilidad: en Santander conocemos las visitas recurrentes del Bahri Hofuf, que están causando muestras de rechazo institucional (con pronunciamientos en contra del Parlamento y el Gobierno) y social, con protestas que está canalizando Pasaje Seguro.
Desde esa perspectiva, ‘Ina’ Robles lamenta los pasos que se están dando en el Gobierno central con respecto a este asunto. En la entrevista en EL FARADIO DE LA MAÑANA en ARCO FM (103.2) ha repasado como el nuevo Ejecutivo socialista pasó de anunciar suspensión de un contrato y la revisión de los demás a dar marcha atrás alegando que son “bombas de precisión” que “no se equivocan”, por lo que no llegan a la población civil.
El bombero de Bilbao recuerda que el anterior Ejecutivo del PP había autorizado “de forma ilegal” la venta de armas, permitida en un organismo del Estado cuyas reuniones son secretas.
Para Robles, al llegar el PSOE vio las actas y las “barbaridades” aprobadas. “El primer instinto ha sido cumplir la ley”, interpretaban y entonces “personas con mucho poder e inversiones en Arabia Saudí han cogido el teléfono” y ordenado “pararlo”.
Para ello, ha criticado, se ha decidido “sacar a los trabajadores de Navantia (fábrica en Cádiz)”. “Se les ha amenazado diciéndoles que si no sales a la calle te quedas sin trabajo, les están chantajeando”, ha recriminado, recordando además que el pasado mes de abril esa misma fábrica rechazó un contrato similar a este del que “ahora dependen”.
ESPECIAL EN CARNE CRUDA
Precisamente este jueves, el programa Carne Cruda, que dirige y presenta el periodista Javier Gallego, y que se emite después de EL FARADIO en ARCO FM CANTABRIA (103.2), ha realizado un especial sobre la venta ilegal de armas a Arabia Saudí, en el que también ha participado Robles (el bombero).
Alberto Estevez, de Amnistía Internacional y portavoz de la Campaña Armas bajo control, ha recordado que España ha vendido armas por 900 millones de euros en los últimos tres años, y que nuestro país, que es una potencia mundial en el negocio armamentístico, ha doblado esas ventas durante los más de 1.200 días que dura la guerra en Yemen
El activista ha desglosado las legalidad incumplida por España con estos negocios con Arabia Saudí. En primer lugar, el Tratado de Comercio de Armas, que establece en su artículo 6 la prohibición de transferir armas cuando un Gobierno sabe que se podrían utilizar para crímenes de guerra, ataques contra escuelas, mercados, bodas, funerales, hospitales.
La coalición internacional que lidera Arabia Saudí ha cometido en Yemen cerca de 90 ataques contra la población civil, según Human Rights Watch; 38 según Amnistía Internacional y decenas, según la ONU, la «mayor catástrofe humanitaria actual, por encima de la de Siria».
Además, la exportación de armas sin garantías de que no se cometan atrocidades en Yemen viola diversos criterios de una posición común de la Unión Europea de 2008, que obliga a los estados a evaluar el uso potencial de las armas, con un criterio relativo al respeto de los Derechos Humanos en el país de destino final, la actitud del país receptor con respecto al terrorismo o el derecho internacional humanitario.
Y por último infringe el artículo 8 de la Ley que aprobó el Gobierno en 2007, por el que no se pueden autorizar (y habrá que revocar las autorizaciones de entrega) aquellas armas en las que «existan indicios racionales de que se podrían utilizar para cometer violaciones de Derechos Humanos, exacerbar conflictos y otra serie de violaciones».
Frente a la actitud del Gobierno de España, Estévez ha recordado que «hay países que cumplen», como Países Bajos, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega o Bélgica, que «no autorizan y hacen caso de la recomendación de agosto de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, en la que pide a la comunidad internacional que «se abstengan de enviar armas a Yemen».
También Canadá cumplió, por una polémica sobre una represión contra la población chií en Arabia Saudí con tanques canadienses, pero tuvo un conflicto diplomático y ha vuelto a vender.
EL «DILEMA MORAL» DE NAVANTIA
En el programa se ha abordado el dilema moral en los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, donde ha habido manifestaciones al trascender que el Gobierno podía paralizar el contrato de las bombas de precisión y por la preocupación de repercusiones en el contrato para la construcción de cinco corbetas.
El presidente del Comité de Empresa de Navantia, Jesús Peralta, ha defendido que si no se construyen las corbetas en Cádiz hay astilleros en Europa que se llevarían el contrato, y ha justificado la movilización en que la precariedad, el desempleo y la «hambruna» en la bahía les hace estar «satisfechos» por la rectificación del Gobierno central.
También ha pedido un gran pacto a nivel europeo para evitar la venta de armas a países en guerra, y ha defendido que las corbetas tienen más valor añadido que la construcción civil, por lo que el empleo de Navantia depende de fabricar naves militares.
Al resto de intervinientes en el programa, les ha espetado que «viven demasiado lejos de la Bahía de Cádiz para conocer la realidad». Sin embargo, también desde Cádiz, el portavoz de CGT, Pedro Ragel, ha aseverado que es «éticamente inaceptable que se negocie con la muerte», al tiempo que ha defendido que «alternativas existen». «¿Se buscan?», ha cuestionado.
El propio Robles, que también ha hablado para Carne Cruda, le ha replicado al portavoz del Comité de Empresa de Navantia que el problema es que «vivimos demasiado lejos de Yemen para saber lo que allí está ocurriendo».
En su opinión, como ha manifestado a EL FARADIO, se ha «manipulado» a los trabajadores de Navantia. «Se les ha amenazado, se les ha comido la cabeza y al final miras a tus hijos por la mañana y dices: ¡Pero si no les voy a poder dar de comer!».
Y ha recordado que en abril Navantia rechazó un contrato idéntico con Brasil, para la construcción de cinco corbetas, por «demasiada carga de trabajo»; «y ahora en septiembre dependen para la supervivencia de la empresa de unas corbetas que en abril han rechazado un contrato igual».