El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado la propuesta de Comisión impulsada por Podemos, Ciudadanos, PSOE y PRC para investigar los contratos y gestiones del Servicios Cántabro de Salud (SCS) desde el año 2011.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, se encuentra en el foco de la investigación tras revelarse las denuncias de la Jefa de Contratación del SCS.

Lo ha hecho con la unanimidad de los votos de los 35 diputados representados. También el Partido Popular ha votado a favor de la medida, a la que se había opuesto en un primer momento.

Asimismo, se ha rechazado con 21 votos en contra –todos menos PP y el diputado tránsfuga de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio- la propuesta de Comisión de Investigación que pedía que la investigación se centrara en los últimos meses, tras la denuncia de la Jefa de Contratación ante la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

Casi todos los diputados han considerado que esta última propuesta del Partido Popular es “humo”, un “intento de desviar la atención” y “un circo político para no mirar de dónde viene el problema”.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha asegurado que “está muy claro lo que ha pasado en los últimos meses”, que la consejera “ha hecho oídos sordos y tapado denuncias”, al tiempo que ha puesto “la mano en el fuego por sus colaboradores y se ha quemado”. Momento en el que ha insistido en que se debe cesar a María Luisa Real, como ya ha solicitado la cámara anteriormente.

Aunque ha votado a favor de la primera Comisión, Gómez ha apuntado que se trata de “un sainete o un trámite para aguantar hasta las elecciones sin investigar un tema tan grave como este”.

Sobre el informe del Interventor, el diputado de Ciudadanos cree que se ha “dulcificado la conclusión del informe”, y ha recordado que apenas días después de la primera denuncia, se llevó a cabo el cese del anterior Interventor General, Gabriel Pérez, cosa que “les ha venido muy bien” a los partidos del Gobierno.

PODEMOS PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE PÉREZ ESLAVA PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL

En la misma línea ha argumentado el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, que ha cargado contra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que ha acusado de no leer el informe que presentó ante el Parlamento el pasado lunes –un día antes de mandarlo al resto de grupos parlamentarios-.

“En él se llega a la conclusión de que no se actuó por un error administrativo sino que se sabía que se estaba burlando la ley con tretas y artimañas para evitar los procedimientos de adjudicación”, ha defendido, con una “contratación irregular” que apunta a que el Gobierno PRC-PSOE “ha normalizado”.

Blanco ha defendido que se investigue la gestión desde el año 2011 porque señala que “a partir de entonces se empieza a desarrollar el procedimiento de contratación irregular a límites insospechados”, que comenzó en la época del PP, que “el PSOE ha mantenido después”.

El diputado de Podemos ha adelantado que su partido va a pedir la comparecencia del actual Interventor, Pedro Pérez Eslava, para que explique la situación económica y las necesidades de la Intervención “para que en los Presupuestos se les dote de servicios que necesite”.

Todo después de que el Interventor se haya negado a analizar los contratos de los últimos años al apuntar que su equipo no dispone de tantos medios para abarcar tanta documentación.

EL PP DEFIENDE QUE SU GESTIÓN “YA FUE AUDITADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS”

El Partido Popular finalmente ha cambiado de criterio sobre la Comisión que impulsaba la mayoría y la ha apoyado, aunque la ha calificado de “surrealista, una cortina de humo y una auténtica farsa”.

“Ningún funcionario denunció la gestión del PP entre 2011 y 2015”, ha recordado el portavoz del PP, Iñigo Fernández, en el pleno, y ha alegado “lo absurdo” de “investigar al PP cuando la denunciada es Real”, a quien ha acusado de haberse “escondido como una ostra” y “aferrarse al sillón como una lapa”.

“La gestión del PP ha sido auditada por el Tribunal de Cuentas, que no encontró nada irregular”, ha recordado, insistiendo es que esto supone “cualquier argucia para no investigar a Luisa Real” y haciendo caso a una “estrategia del Gobierno para tratar de enredar toda la investigación”

Por ese motivo cree que lo mejor sería centrarse en la actuación del Gobierno en los últimos meses desde que, el pasado 8 de febrero, María Luisa Real recibió el primer correo electrónico con denuncias de irregularidades, que no se reveló ni comenzó a investigarse hasta el mes de mayo.

Fernández ha asegurado que extender a los últimos siete años la investigación supone un intento del Gobierno de “dar oxígeno de respiración asistida para dar tiempo a Luisa Real” a conservar su puesto hasta las siguientes elecciones.

Además, Fernández se suma a las palabras del Interventor General que esta semana reclama la “imposibilidad” de analizar toda la documentación desde el año 2011. “Supondría analizar 217.000 contratos, algo que es imposible. Dice el Interventor que no tiene capacidad. ¿Vamos a poder nosotros en tres mañanas?”, ha preguntado.

PSOE Y PRC DEFIENDEN QUE “EL CONTEXTO ES IMPORTANTE”

Por otro lado, los partidos en el Gobierno han coincidido en que “el contexto el importante” a la hora de apoyar que se mire los últimos años de gestión del SCS. “Las fotos fijas no sirven de nada y la descontextualización sería interesada”, ha apuntado el portavoz socialista, Víctor Casal.

Casal ha acusado a los populares de buscar “crear descrédito en las instituciones cada vez que el PP no está en el poder” y ha recordado que este Gobierno “sí ha sometido a auditorías al SCS, cosa que no se hizo en la anterior legislatura”.

Por otro lado, la portavoz regionalista, Rosa Valdés, ha cargado duramente contra la presidenta del PP y anterior consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, a la que ha calificado como “la reina de las argucias parlamentarias”.

Asimismo, le ha acusado de “pretender dar la vuelta a la tortilla” y de votar a favor de la Comisión “tapándose la nariz y cerrando los ojos”. “Nuestra comisión abarca también el periodo que ustedes quieren investigar”, ha insistido, aunque ha justificado su voto contra la propuesta del PP aduciendo que ellos no van a “respaldar comisiones a la carta ni vamos a caer en sus argucias o artimañas”.

Al mismo tiempo, y contradiciendo a las palabras del portavoz del PP, Valdés ha defendido que la Comisión es viable. “Si no tenemos medios, ¿por qué en la legislatura anterior se investigó toda la documentación de CANTUR?”, ha preguntado, aprovechando para cargar contra una comisión que considera “tramposa” y con el objetivo de “desprestigiar a una persona”, refiriéndose al anterior consejero del PRC, Francisco Javier López Marcano.

UNANIMIDAD EN LA PROPUESTA DE CS DE PONER EN MARCHA UNA MESA DE NEGOCIACIÓN QUE BUSQUE EL CONSENSO EN EDUCACIÓN

El curso escolar comenzó como terminó, con huelga y concentración en la calle Vargas por los cambios en las jornadas reducidas (Foto: UGT)

El pleno ha votado también por unanimidad la propuesta que ha presentado Ciudadanos (Cs) de poner en marcha una mesa de negociación con el objetivo de alcanzar un consenso que ponga fin a la problemática actual en la comunidad educativa.

La exposición de motivos que ha presentado Rubén Gómez llama a priorizar el interés del alumno en la toma de decisiones, a quienes ha señalado como los “principales paganos” de esta situación.

La tensión en la comunidad educativa la han protagonizado los sindicatos de docentes, especialmente de enseñanza primaria, infantil y educación especial, con la Consejería de Educación, debido a los cambios en las jornadas reducidas de junio y septiembre.

Los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente han protagonizado cuatro huelgas educativas en pocos meses –dos al finalizar el curso anterior y dos al inicio del presente-, reclamando a la Consejería que aplique el anteproyecto de la nuevo ley que deroga los recortes del PP en cuanto supere el trámite parlamentario.

Cuestión que tanto el Ministerio como la Consejería ha alegado que sería imposible porque el propio texto de la futuro ley contempla que los cambios no se producirán antes del curso 2019-2020.

Este lunes, la Junta de Personal Docente ha anunciado su intención de «modular» las protestas y aplicar “otro tipo de acciones que no comporten huelgas» para que «no desgasten al profesorado». Estas protestas está previsto que continúen durante todo el año y se retomarán “con más fuerza” de cara a las elecciones si no se alcanza a un acuerdo, según indica Europa Press.

De igual modo, la Junta de Personal Docente ha acordado recurrir en los tribunales, por la vía contencioso administrativa, el calendario escolar del presente curso, después de que la pasada semana el Gobierno haya desestimado la solicitud de suspensión del mismo, que reclamaba el sindicato STEC.

En el Parlamento, Rubén Gómez ha acusado al actual consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, de “actuar como bombero pirómano”, acabando con el Pacto por la Educación que se logró tras dos años de diálogo con los sindicatos, aunque reconoce que se firmó a espaldas de las familias.

Ahora, cree que Mañanes sí ha logrado consenso, “aunque no el deseable”, al “enfrentar a familias con docentes” y dejar a todos “descontentos”. “Ha prometido a cada parte lo que quería escuchar y luego ha hecho lo que le ha dado la gana”, le ha acusado, por lo que le ha pedido que “se siente, negocie y vuelva a la senda de diálogo”.

También Podemos y el Partido Popular han reclamado que el consejero Mañanes se siente en persona a dialogar con los sindicatos. Verónica Ordóñez (Podemos) ha asegurado que “es una vergüenza que se escuden en la legislación del PP” para realizar los cambios en las jornadas reducidas, aunque cree que el verdadero punto debería ser pedagógico. “El verdadero enemigo de todos es el deterioro paulatino de la educación pública de este país”, ha asegurado, apuntando a la “falta de inversión y empeoramiento” con el fin de “legitimar la apuesta por la educación concertada y privada”.

Por otro lado, Mercedes Toribio (PP) ha incidido en que “todas las partes implicadas tienen razón” y cree que ha sido el calendario escolar el que “ha descuadrado la conciliación en las familias”, por lo que la Consejería de Educación “algo tendrán que hacer”. Sobre los docentes, cree que se ha llevado a cabo un “enfrentamiento absolutamente irresponsable”, al ponerles “en tela de juicio con declaraciones desafortunadas”.

PSOE Y PRC CRITICAN EL “OPORTUNISMO” DE LA PROPUESTA, QUE FINALMENTE HAN APOYADO

En cuanto a los partidos del Gobierno, tanto PSOE –que lleva la cartera en la que han estado al frente dos consejeros diferentes- como el PRC han calificado la propuesta como “oportunista” y la han relacionado con la cercanía de la campaña electoral.

Mientras que Rubén Gómez ha señalado que el cambio del anterior consejero, Ramón Ruiz, “por una vendetta del actual secretario general del PSOE”, es el principal motivo del cambio del diálogo con los docentes, los partidos del Ejecutivo insisten en que ya existe una mesa de diálogo. “Ya existe y tiene un nombre: Consejo Escolar de Cantabria”, ha defendido Víctor Casal, que ha recalcado que “la Consejería no ha impuesto nada sino que se centra en la legalidad”.

Desde el PRC, Teresa Noceda, ha reconocido que “otros sectores de la comunidad educativa ha cuestionado a los profesores”, en una alusión indirecta con su socio de Gobierno, con lo que ha matizado que “el PRC no está de acuerdo”.

Sin embargo, ha apuntado que la Mesa Sectorial es la encargada de elaborar el calendario escolar y que existe un órgano consultivo con la comunidad educativa como es el Consejo Escolar. “En este conflicto ninguna de las partes tiene toda la razón y deja de tenerla”, ha reclamado, añadiendo que “el camino es el diálogo y el consenso”.