Un total de 17 empresas cántabras se veían obligadas a pagar sobrecostes en su factura eléctrica debido a que habían sido asignadas a un tramo de potencia que no se correspondía con su actividad.

Torretas eléctricas

En todo el país, estas empresas están agrupadas en la plataforma energética kV25-30, un colectivo, en este caso empresarial, que venía cuestionando los efectos de la actual regulación energética, cuestionada tanto por su efecto sobre el consumidor y los colectivos vulnerables como, aquí, por su impacto en la actividad empresarial.

El sistema eléctrico, de cara a las empresas, está dividido en varios tramos, en función de su potencia, y a su vez están van asignadas a determinadas tarifas.

El problema venía para las empresas con redes de entre 25 kV y 30 kV, clasificadas como de segunda categoría por sus características técnicas, pero con tarifas más altas en lo que las empresas tachan de “incoherencia regulatoria” que pone de manifiesto la “arbitrariedad” y la “inseguridad jurídica” en el sector.

De momento han logrado un avance, como valoraban en un comunicado: el Consejo de Ministros ponía fin la semana pasada, en un decreto con distintas medidas en el campo energético, a lo que ellos tachaban de “discriminación tarifaria” que llevaban años denunciando.

En concreto, el acuerdo se compromete a eliminar la tarifa 6.1.B y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa denominada 6.2, lo que supone para 1.250 empresas de seis comunidades autónomas la corrección de un sobrecoste tarifario que históricamente ha supuesto gastos extra de 100 millones de euros al año a las empresas.

Con todo, si bien para la plataforma kV25-30 el acuerdo es satisfactorio, el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV, que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros al año por estar mal encuadradas.

La plataforma energética kV 25-30 está promovida por empresas como SEA Empresas Alavesas, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona que junto a un centenar de empresas asociadas llevan meses reivindicando la eliminación de la discriminación tarifaria.

La lucha empresarial por un nuevo modelo energético se suma a la de los colectivos sociales que denuncian los perjuicios de este sistema sobre los usuarios, como la plataforma Cantabria por lo Público, que ha hecho un esfuerzo por divulgar las posibilidades que abre el bono social, una medida, aunque insuficiente, para que las rentas y colectivos más vulnerables no corran el riesgo de cortes del suministro. Recientemente se ampliaban los supuestos para el bono social.

En paralelo,  surgen nuevas formas de organización, como, en el caso de Cantabria, la cooperativa Solabria,

Solabria sigue un modelo en el que los usuarios, los cooperativistas, se hacen socios. Y todo dentro de un modelo que permite ahorrar, ya que la cooperativa no tiene ánimo de lucro.

Solabria funciona como cooperativa

Además, su objetivo es el ahorro de energía, para lo cual hacen un asesoramiento personalizado sobre su consumo, potencia, etc…

También existen tarifas especiales para colectivos con algún tipo de dificultad económica, en un momento en que se debate sobre la pobreza energética, y no realizan cortes de suministro.

Como cooperativa, las decisiones las van tomando sus miembros, y está integrada en una federación estatal de cooperativas de energías renovables.

La empresa ya comercializa energía de origen renovables y factura por sí misma, en un proceso que puede hacerse desde su página Web y que permite, al sumar socios y clientes a este modelo, restarle poder a las empresas del oligopolio eléctrico, que se vienen, además, beneficiando de todo un sistema de ayudas públicas por conceptos como la disponibilidad de las centrales que acaba repercutiendo en la factura que paga el usuario.  Las medidas del Gobierno central en este sentido de momento se traducen en una retirada de impuestos a las eléctricas,  con la confianza de que se refleje en la factura, pero no de las ayudas que sí que se acaban repercurtiendo en el recibo mensual.