La Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Cantabria (ALEGA) celebra la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria la Ley de garantía de derechos de las personas LGBTI y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, aunque lamenta el retraso en ser tramitada, ya que la misma fue presentada por parte del Gobierno en el mes de mayo de 2017.

Celebración del Orgullo LGTBi

Según señalan, la aprobación de esta ley es «una necesidad prioritaria para luchar contra la LGBTIfobia aún presente en nuestra sociedad».

Así, recalcan que «todos los partidos políticos deben entender que se trata de derechos humanos, de dejar de considerar enfermas a las personas trans, de evitar suicidios infantiles, de impedir el acoso LGTBIfobo en las aulas, de prevenir delitos de odio, de acabar con todo tipo de discriminaciones que tengan como origen la orientación sexual y/o la identidad de género».

Por tanto, ante la «imperiosa» necesidad de conseguir esa igualdad «legal y real», ALEGA lamenta
que, tras llevar un año y medio «estancada» desde su presentación, haya «poco margen de maniobra» para la aprobación de la ley en esta legislatura, «quedando abocada a la incertidumbre ante unas nuevas elecciones».

Ante esta situación, ALEGA insta a todos los partidos políticos a actuar con «urgencia y eficacia» para que todas las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de Cantabria «podamos gozar de amparo legal cuando nuestras vidas se vean perjudicadas, simplemente por ser quienes somos».

Además, añaden que el panorama estatal no resulta mucho más esperanzador, cuando la Proposición de Ley de Igualdad LGBTI lleva desde finales de febrero de este año «atascada» en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, a pesar de que todos los partidos de ámbito
estatal con representación parlamentaria se comprometieron por escrito con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) en junio de 2017 a impulsar su aprobación.

En consecuencia, piden a ambos gobiernos, autonómico y central, que «se comprometan con los derechos de una parte tan importante de la sociedad y se materialice pronto un compromiso que cuenta con un amplio respaldo político y social», y piden que ambas leyes se tramiten en los respectivos parlamentos antes de que finalicen las correspondientes legislaturas.