La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrelavega ha sufrido su propio desalojo. La renovación de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de La Inmobiliaria ha provocado en las últimas semanas un cambio de actitud ante este colectivo social, que ha desembocado en el cambio de la cerradura del local que gestionan y en el que se reunían habitualmente los miembros de la PAH.

Según denuncian, los problemas surgen a raíz del desembarco de un nuevo equipo a esta asociación vecinal en uno de los barrios más humildes de Torrelavega, que ha comenzado a poner trabas a las acciones desarrolladas por la PAH, con «todo tipo de excusas» para negarles el uso de las instalaciones, y que ha finalizado con este cerrojazo.

Uno de los portavoces de la plataforma antidesahucios recuerda que, desde su creación en 2012, la PAH de Torrelavega ha podido realizar sus asambleas y desarrollar sus tareas de asesoramiento a las personas en riesgo de perder su casa en un local situado en la calle Ansar número 5 de la capital del Besaya.

Y esto ha sido posible, señalan, gracias al “apoyo y simpatía” que desde entonces les ha brindado la Unión Vecinal, (colectivo que reúne a los representantes de las distintas agrupaciones vecinales de la localidad).

Mientras solucionan este problema, la PAH de Torrelavega está atendiendo a la gente que se acerca hasta ellos con riesgo de desahucio directamente en la calle. Como protesta, han convocado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento este viernes, a partir de las 10.45 horas. Piden la participación a todas las personas que apoyan el derecho a la vivienda.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

Este incidente está relacionado con las actitudes de “criminalización” hacia los movimientos sociales que viene denunciado en los últimos tiempos ‘Libres’, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión que se ha puesto en marcha recientemente en la comunidad autónoma.

Como ejemplo, el comunicado que lanzaba este grupo de activistas esta misma semana y en el que protestaban por las diligencias policiales que se han realizado a raíz de la movilización contra Ignacio Diego en un acto que se desarrolló en la Universidad de Cantabria el pasado 17 de febrero.

En este texto informan de que la Policía Nacional ha comenzado a identificar a alguno de los autores del ‘escrache’ y estos altercados han podido provocar la apertura de una investigación por posibles delitos de “desórdenes públicos” y “coacción” sin tener en cuenta que los estudiantes denunciaron agresiones de la escolta del presidente de Cantabria.