Protesta de la PAH contra el cambio de criterio del Supremo

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander ha acusado a los jueces “defensores a ultranza de la banca” de haber “destruido” la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo con su sentencia y posterior revisión en torno al pago a cargo del ciudadano, en lugar de los bancos, del impuesto de actos jurídicos documentados.

Una sala, que, recordaban, venían dictando sentencias “progresistas”, hasta este fallo del actual presidente de la sala, “antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes”.

Así lo han asegurado en un comunicado leído en la concentración de esta tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Santander (simultánea en ciudades de todo el país) tras la indignación desatada por esta sentencia, en el que han pedido que la legislación española, como la Ley de Crédito Inmobiliario, incluya las directivas europeas y la jurisprudencia comunitaria sobre las cláusulas abusivas.

Los activistas antidesahucios han recordado la situación de la vivienda en España, llena de “estafas” en sus cláusulas, y como se descubrió a raíz de la crisis y los desahucios, que venían siendo destapadas por instancias judiciales, incluyendo el propio Supremo o la justicia europea.

Además, han repasado las distintas trabas que se están encontrando las sucesivas legislaciones en materia de vivienda que se vienen proponiendo.

Como la Ley de Crédito Inmobiliario: ellos propusieron, recurriendo a Unidos Podemos en el Congreso, unas enmiendas que en materia de protección de los deudores hipotecarios, que recogían cuestiones como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otra, y que el PSOE, “apoyado por PP y Cs”, está “rechazando”.

La PAH recuerda que esa ley, tal y como venía redactada, fue “elaborada por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE”, y que, de salir aprobada ley en esos términos, “se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación”. “El PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas”, advierten, llamando la atención sobre que supondría además “daños colaterales” a la Ley de Vivienda de la PAH, en concreto a las partes del capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas también están incluidas en la de crédito inmobiliario, “y será muy difícil después recuperarlas”.

Esa segunda ley, la de Vivienda, critican, “está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación”.

“Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética”, lamentan.