Fotografía anexa al proyecto de obra de la escollera privada, al final de los trabajos.

Antes de que se construyeran los polémicos espigones de La Magdalena – aunque ya estaban en tramitación-, la exdirigente nacional del PP, Elena García Botín, encargó unas obras de urgencia para levantar una escollera privada que protegiera el muro de su vivienda, en línea de playa, que se había venido abajo por el temporal del 2 de febrero de 2014 en el que coincidieron una marea de coeficiente 110 con malas condiciones meteorológicas.

La construcción de la escollera privada fue posible por la reforma de la Ley de Costas impulsada por el PP y publicada en el BOE en mayo del año anterior (2013), que abrió la posibilidad de hacer “obras de defensa” a los “propietarios amenazados por la invasión del mar”.

La tramitación de aquellas obras fue exprés. García Botín presentó la solicitud de las obras en la Demarcación de Costas el día 5 de febrero de 2014 y ese mismo día obtuvo respuesta positiva de la administración estatal.

Firmada por el Jefe de Demarcación, José Antonio Osorio, establecía la obligación de pago de un canon por la ocupación el dominio público marítimo-terrestre, porque se trataba de construir una escollera en la playa, para que contuviera las mareas antes de alcanzar el muro de su parcela.

LA SENTENCIA JUDICIAL

Pero la solicitante del permiso no quedó conforme con el canon establecido por Costas, que se calculó teniendo en cuenta el valor catastral de la parcela que se quería proteger, por encima de los 40.000 euros anuales, que para un periodo de 15 años se elevaban hasta más de 800.000 euros.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a la que ha tenido acceso EL FARADIO estimó parcialmente el recurso de Elena García Botín y condenó al Ministerio de Medio Ambiente a calcular de nuevo el precio del canon por el uso de la escollera en la playa.

La Ley de Costas dice que el cálculo debe ser en base al mayor de los importes entre el valor catastral de la parcela, el valor a efectos de impuestos o el precio de adquisición, siempre que tengan “un aprovechamiento similar los usos que se propongan para el dominio público“.

Y este fue el principal debate jurídico: la ponente de la sentencia, la magistrada Paz Hidalgo (nombrada por la mayoría absoluta del PP en 2011) rechazó el criterio de la Abogacía del Estado, que entendía que el uso de la escollera estaba directamente ligado al uso residencial de la parcela que se quería proteger, por lo que se debía tener en cuenta el valor catastral.

Pero para la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC el canon establecido resultaba “desproporcionado” y buscó otra fórmula «acorde y ajustado al espíritu de la ley de costas” tras la reforma de 2013, por lo que estableció que el cálculo correcto fuera la media de las concesiones en el subsuelo del dominio público marítimo terrestre en el término municipal de Santander.

DE 800.000 EN 15 AÑOS A 100.000 EUROS EN 10 AÑOS

Otro momento del avance de la obra de la escollera privada sobre la playa de La Magdalena

Según quedó definitivamente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en abril de este 2018, el canon finalmente se quedó en 10.041 euros cada uno de los próximos 10 años –han pasado más de cuatro desde las obras-.

Es el resultado de multiplicar los 398 metros cuadrados de dominio público invadido por la escollera en la playa por el nuevo cálculo con el que Costas daba cumplimiento a la sentencia del TSJC, de 25,23 euros por metro cuadrado.

El nuevo valor sustituía así a los 43,77 euros por metro cuadrado de la primera resolución, cuando se tenía en cuenta el valor catastral de la finca de Elena García Botín – 547 euros por metro cuadrado según la resolución de Costas que autorizaba las obras.

Además de reducir casi un 50% el precio del canon, la familia impugna por otro lado la superficie total (en otra reclamación a las liquidaciones), por un exceso en más de 500 metros.

Y de estas dos formas, reducción del canon por mandato judicial y reclamación de las liquidaciones por un exceso de la superficie con respecto a la utilizada en las obras, el canon definitivo se reduce tanto, de los 800.000 euros en 15 años a apenas 100.000 por 10 años.

LA FAMILIA PÉREZ-MAURA GARCÍA-BOTÍN

Elena García Botín es exdiputada de Alianza Popular y dimitió de la Junta Directiva Nacional del PP en octubre del año 2014, es decir, todavía era dirigente cuando actuó ante la administración tras el temporal de febrero.

Después abandonó Génova por su irreconciliable discrepancia con la retirada de la Ley del Aborto que había presentado el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, una de las más mediáticas de la contrarreforma del primer Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

La exdirigente popular también conecta con el gran poder económico: es prima del difunto Emilio Botín (Grupo Santander) y ahijada de Emilio Botín-Sanz de Santuola, descendiente del descubridor de las cuevas de Altamira. Botín padre, fue su padrino también en su boda.

Es viuda de Jaime Pérez-Maura, bisnieto de Antonio Maura, cinco veces presidente del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII, a principios del siglo XX, en una época de esplendor para Santander por los veraneos de la Casa Real.

Al fallecer Jaime, su viuda, Elena García-Botín, fue heredera de la consignataria de barcos, Pérez y Cia, hasta que en 2014 pasó al hijo del matrimonio, Ángel Pérez-Maura (la Audiencia Nacional detectó posibles pagos suyos al comisario Villarejo para evitar su extradición a Guatemala, que le reclama por presuntos delitos de corrupción).

Además, según revelaron y publicaron Eldiario.es, La Marea y Diagonal en  la investigación periodística conocida como ‘Papeles de la Castellana’, la familia se benefició de la amnistía fiscal para legalizar ocho millones depositados en Suiza.

PARA EL DIRECTOR ADJUNTO DE ABC, LAS PROTESTAS FUERON «FAKE NEWS»

Ramón Pérez-Maura es director adjunto en ABC (Vocento).

Otro hijo de Elena García Botín, Ramón Pérez-Maura, es adjunto al director de ABC. El pasado verano escribió en el periódico monárquico y en la cabecera regional del Grupo Vocento una columna titulada ‘Un país de pandereta’, en la que defendía el proyecto de estabilización de las playas de Los Peligros y La Magdalena, los espigones de escollera, como uno «de los más abiertos, informados y participativos que se han realizado nunca en España».

En el artículo admitía que la obra cambiaba el perfil de la Bahía: «díganmelo a mí, que cada día de mis vacaciones me levanto con el espigón delante de mi ventana», mientras que acusaba a los movimientos sociales que se han manifestado en contra de las obras por no haber participado previamente en el «proceso ciudadano».

Sin embargo minimizaba las protestas, y mencionaba una foto en «el medio de comunicación de referencia» en Cantabria, en la que se recontaban sólo 9 personas sobre el espigón, lo que relacionaba con las «fake news» o «falsas noticias» que «dejamos que condicionen nuestra vida y definan nuestro futuro».

MISMOS ARGUMENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO

Son argumentos que repite el Ayuntamiento de Santander, única administración que defiende el proyecto con la minoría del PP y el voto del tránsfuga de Ciudadanos, David González, que también invoca una consulta que se realizó, pero con una participación de sólo 166 personas, como reveló EL FARADIO.

En las obras de La Magdalena, que asumió TRAGSA tras renunciar la adjudicataria, terminó realizando trabajos la empresa del marido de la alcaldesa, Gema Igual, que alegó que su contratación era legal y no incurría en conflicto de intereses, al depender de otra administración diferente al Ayuntamiento de Santander, aunque fuera en el término municipal.

El pasado mes de septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica suspendió de forma total e indefinida las obras de los espigones (quedaba por finalizar el primero de ellos, el del Balneario de la Magdalena, y estaba sin empezar el de Los Peligros).

En una reunión esta semana, el Secretario de Estado ha comunicado a la alcaldesa santanderina, ante la insistencia del Ayuntamiento para que se retomen las obras de los diques con el pretexto de los primeros y limitados efectos del primer temporal de otoño, que ha encargado un informe al Centro de Estudios y Experimentación y Obras Públicas (CEDEX).

Este órgano está adscrito a los ministerios de Transición Ecológica y Fomento, que tuvo como anterior titular, coincidiendo con el inicio de las obras de los espigones, al impulsor del proyecto cuando fue alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

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