||por Belén Milán Pérez, Secretaria de Feminismos y LGTBIQA de Podemos Cantabria||

La Plataforma Estambul Sombra (formada por más de 200 asociaciones de la sociedad civil) ha publicado recientemente un Informe en el que se evalúa la aplicación en España, durante el periodo 2014-2018, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica , conocido como el Convenio Estambul. Este informe será incluido en el proceso de seguimiento que lleva a cabo el Grupo de Expertas en lucha contra la Violencia contra la mujer del Consejo de Europa (conocido con sus siglas en inglés GREVIO) a quien le será presentado en febrero de 2019 junto con el informe que deberá entregar el Gobierno de España.

Nuestro país suspende en cuestiones cruciales en la lucha contra la discriminación. El principal aspecto en el que este informe incide es en la necesidad de reconocer las violencias sexuales como violencia de género, es decir, reconocer que existen víctimas de violencia machista más allá de las contempladas en la ley que actualmente se circunscriben al ámbito de la pareja o expareja. Éste paso es fundamental ya que supondría sacar la violencia machista del marco doméstico donde ha sido relegada (tratándose como un asunto privado) y poniéndola en el centro del debate público. Convertirla en un delito público sancionaría conductas realizadas por personas que no tuviesen relación de análoga afectividad con la víctima, incluyendo instituciones y empresas. Ello implicaría hacernos de una vez responsables de qué significa la violencia machista, cómo compone nuestro corolario social y cómo se perpetúa a través de una sociedad que ‘normaliza’ comportamientos que violentan a más de la mitad de la población.

Porque no es normal tener miedo a ir sola por la calle de noche; porque no es normal que tu primer temor, el inculcado desde bien niña sea que te violen; porque no es normal tener que desarrollar mil estrategias para librarte de un hombre que no entiende que tu NO es NO; porque no es normal tener que asumir riesgos por ser libre.

Hacer de la violencia machista un problema público implica generar datos que nos faciliten revisar el estado, la evolución y la identificación de problemas a través de cifras concretas.

Sin embargo aún hoy, 14 años después de la aprobación de la Ley Contra la Violencia de Género no disponemos de datos que nos permitan evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. Funcionamos a golpe de impulsos sin un itinerario reconocido que permita evaluar los resultados obtenidos. Tenemos estadísticas de víctimas mortales, de denuncias presentadas y de sentencias condenatorias pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social cuando una mujer o una niña es asesinada. No hay datos sobre prevención, ni existe relación demostrada entre el trabajo de prevención y el aumento o descenso de situaciones de violencia.

La violencia sexual cometida, por ejemplo entre compañeros de clase, no está contabilizada como violencia machista, o cuando la asesinada es prostituta la violencia tiene siempre otro apellido, nunca es machista.

El Informe Sombra establece que la prevención a través de la educación es el instrumento básico para erradicar el problema antes de que florezca; sin embargo, a pesar de que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de educación, la LOMCE no obliga a educar para la igualdad, y ya se sabe que dónde no hay obligación no hay presión ( por lo menos hasta que no haya una campaña electoral a la vista). En Cantabria se dice que se apuesta por la transversalidad en la revisión de contenidos pedagógicos, sin embargo es cada centro educativo quien considera conveniente o no la posibilidad de tener a una persona responsable de Igualdad, en su centro, sin capacidad de proponer materias.

Suspendemos también en el ámbito sanitario, el judicial y el psicosocial debido a la escasa formación que en materia de prevención y detección precoz de violencia machista se ofrece a los profesionales por parte de las administraciones, y por la falta de inclusión de todos los tipos de violencia en sus protocolos de actuación.

Se denuncia que las medidas de apoyo a las víctimas se circunscriban en exclusiva a las contempladas por la ley de violencia de género, incumpliendo el artículo 25 del Convenio de Estambul que establece como obligación de los estados firmantes crear centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencias sexuales apropiados y fácilmente accesibles, así como que la atención jurídica , psicológica y social sea más extensa y que se preste también antes y no sólo después y supeditada a contar con denuncia judicial.

Han transcurrido 14 años desde el asesinato de Ana Orantes. Hoy mujeres de todas las edades salen a la calle a pedir libertad para vivir, para no ser objetos, no ser cosificadas, dominadas, violadas, vejadas o asesinadas. En lo que va de año ya han sido asesinadas 89 mujeres en España, según datos de Feminicidio.net.

Nosotras hemos cambiado, las herramientas para nuestra protección no.