El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha archivado la querella por un presunto delito de prevaricación administrativa que se había presentado contra César Pascual, ex director de Valdecilla, por el servicio de ambulancias de Madrid, comunidad en la que tras su paso por Cantabria con el Gobierno del PP asumió luego la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria (puesto del que cesó con la marcha de Cristina Cifuentes). Pascual es también miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria y colaborador de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

César Pascual

Así lo dictamina el Juzgado en un auto, al que ha tenido acceso EL FARADIO, en el que se ratifica el criterio previo del Ministerio Fiscal en este proceso, en el que se habían presentado querella contra otros tres miembros de la cúpula de la sanidad madrileña.

Lo que estaba en cuestión era si se había producido algún delito al pedirse a una empresa de ambulancias (Alerta Ambulancias, quienes presentaron la querella) que renunciara al contrato con la Comunidad de Madrid.

Esta empresa había llegado a sostener que el retraso en el pago de los servicios prestados le había llevado a una situación de “asfixia económica”, cuestión que fue “crucial” para que se les obligara a renunciar al contrato para cuya adjudicación habían sido propuestos, beneficiándose así a Ferrovial (que a su vez fue adjudicataria del ‘megacontrato’ de los servicios no sanitarios de Valdecila, en Cantabria).

Fue tras esta renuncia, según la versión de los querellantes, cuando se produjo el desbloqueo del pago por parte de la Administración.

Frente a esta tesis, el juez considera que “no está en modo alguno acreditado” que los gestores de la sanidad contra los que se presentó la querella tuvieran participación en los retrasos de los pagos.

Pero también niega que Alerta Ambulancias sufriera una situación de “penuria económica”, remitiéndose a las cuentas de la propia empresa en las que se reflejan que incluso habían financiado operaciones de otros y tenía un saldo de caja por valor de 4 millones de euros.

Además, se incide en que se pidió a la empresa que presentara un plan de viabilidad que la propia representante de la empresa avanzó que no iba a entregar. También planteó la posibilidad de renunciar por sí misma al contrato ante los problemas que tenía con los sindicatos.

Por tanto, se acuerda el sobreseímiento provisional y archivo de la querella, en una decisión contra la que se puede presentar recurso.

En el proceso se llegó a apuntar, por parte de uno de los querellados, la posibilidad de actuar contra la empresa por posible delito de denuncia falsa, cuestión que no ve el Juzgado, que argumenta que el hecho de que se archive la denuncia no significa que esta sea falsa.